Informe #1 de 2021

TIBÚ, ENTRE LA DEUDA HISTÓRICA Y LOS DESAFÍOS DEL CONTEXTO ACTUAL

Cúcuta, 21 de junio de 2021. @ColombiaJRS. La Procuraduría General de la Nación, en su informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz en la Subregión PDET Catatumbo¹, concluyo enfáticamente, que: “luego de cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, esta región, en términos generales no parece estar en mejores condiciones. Se presenta un círculo vicioso que encadena los altos índices de informalidad y de concentración de la propiedad rural, con el incremento de los cultivos de uso ilícito, el control territorial de grupos ilegales y los consecuentes impactos para la población rural, en especial para las víctimas”.

Si bien, las comunidades movidas por lograr un desarrollo económico y apoyar la consolidación de una reforma estructural al campo, que permitiera superar las condiciones que durante años han favorecido el desarrollo de economías ilícitas, generaron compromisos a favor de la consolidación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y sus respectivos planes como el Plan Nacional Integral de Sustitución – PNIS-, la institucionalidad por su parte sigue en deuda, de manera limitada en su coordinación han avanzado en algunos aspectos, los cuales hoy, no representan un goce efectivo de derechos para las comunidades de la región y si más bien generan zozobra y desesperanza.

El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, JRS/Colombia, actuando bajo los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, ha venido acompañando a algunas comunidades del municipio de Tibú – municipio PNIS-, y a razón de ello, quiere hoy hacer un llamado a la institucionalidad, para que, de manera decidida, coordinada y coherente con las necesidades de las comunidades, implementen estrategias claras y complementarias entre sí, que saquen adelante las apuestas territoriales ya identificadas en el marco del PDET, cómo los mínimos para avanzar en la consolidación de un desarrollo social integral, de reconciliación y paz.

Este llamado, cobra un relevante sentido en el marco del contexto nacional actual, donde la ciudadanía aboga por una respuesta social, garantista y con enfoque de desarrollo igualitario, pues el municipio haciendo eco de las movilizaciones, aclaman y se suman a la incertidumbre nacional, pues llevan consigo una deuda histórica en goce efectivo de derechos, compromisos a media marcha en el marco de los acuerdo de paz así como situaciones propias de la violencia estructural que afecta a todo el país.

Durante los últimos meses, tanto medios de comunicación como las mismas autoridades han manifestado su preocupación ante el incremento de situaciones que ponen en riesgo los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad de las personas y comunidades de la región del Catatumbo. Desde la oficina regional del JRS/Colombia en Norte de Santander se ha venido adelantando un ejercicio de monitoreo a medios de comunicación nacionales y regionales, en el que, con especial preocupación evidenciamos un aumento progresivo y sostenido de la violencia en esta región, en especial en el área rural de Cúcuta y Tibú. Situación evidencia también el año pasado, cuando se realizó un llamado al respeto por la vida e integridad de las comunidades rurales, que se habían visto afectadas por casos de desplazamiento masivo como impactos dentro del conflicto armado interno.

1. Hechos de violencia y asesinatos presentados contra mujeres en el municipio de Tibú.

Durante el último mes esta situación se ha complejizado un poco más, presentándose tres situaciones particulares que llaman especialmente la atención pues entran a alimentar las barreras de acceso y brechas sociales, que dan cuenta de una degradación acelerada de la situación de derechos humanos en la región. Según cifras oficiales, a 5 de mayo 17 civiles entre ellos varias mujeres colombianas y venezolanas habrían sido asesinadas en lo corrido de 2021² . Si bien, tanto Personería Municipal como Defensoría Regional del Pueblo, han solicitado a las autoridades judiciales investigar los motivos que han generado esta seguidilla de ataques y amenazas³, la realidad es que, en este territorio, la presencia de actores armados ilegales es una constante. Los diagnósticos dejan en evidencia un Catatumbo afectado por el narcotráfico y donde se encuentran por lo menos 15 estructuras que alimentan la agitación del orden público en esa parte del departamento⁴ así como la materialización de hechos victimizantes que afectan de manera directa a las comunidades.

Dentro de las formas de violencia basada en género hacia las mujeres, se encuentra la explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas; resulta especialmente grave el impacto de redes dedicadas (entre otras) a dicha explotación sexual, pues estas han fortalecido la creación de negocios comerciales para el trabajo sexual en zona rural. Este no es un hecho menor, pues varios de los supuestos móviles que se han expresado para el feminicidio de mujeres, tendrían que ver con la proliferación de zonas de tolerancia y prostitución en algunas veredas.

Sumado a lo anterior, se ha dejado en evidencia situaciones de violencia psicológica, económica y física en contra de las mujeres, ejercidas en buena medida por sus parejas hombres, quienes en muchos casos optan por controlar su autonomía poniéndolas en riesgo.

2. Aumento de las afectaciones por presencia de material explosivo y/o minas antipersonales.

Desde mediados del mes de mayo, se ha presentado un incremento de hechos en los que se ve comprometida la integridad de las personas con ocasión a los accidentes generados por minas antipersona. Se destaca el caso de un menor de edad que perdió una de sus extremidades, así como el caso de varios miembros de la fuerza pública afectados.

A esta situación se suman otras identificadas, como atentados con material explosivo a unidades policiales y militares, o la presencia de implementos como granadas y/o paquetes sospechosos en zonas urbanas y/o comerciales de Tibú, las cuales en contexto de paro nacional genera todo tipo de acciones y de riesgos adicionales a quienes de manera libre y consciente se han sumado al malestar nacional.

3. Incremento del control social en el marco del paro nacional por parte de los grupos armados ilegales presentes en la zona.

Aunado a lo anterior, y con ocasión de la movilización social, se ha detectado que en el marco del paro nacional se han presentado situaciones que afectan notablemente la libertad e integridad de las comunidades que participan de la movilización. Por un lado, resulta preocupante las limitadas condiciones de seguridad existentes para un ejercicio pleno y libre de la protesta y del liderazgo social y comunitario, esto, como resultado del aumento del control social que ejercen los grupos armados que, en el marco del paro nacional, han querido extender.

Esta situación, se suma a los riesgos y peligros derivados de una posible declaratoria de paro armado por parte de los grupos que controlan los diversos territorios en la zona. Esta situación no solo resultaría peligrosa por la posible respuesta institucional, sino también, por el peligro de estigmatización que genera tales situaciones hacía los líderes y lideresas comunitarias, poniendo a estos últimos en la mira de otros actores que ven en el ejercicio del paro nacional una amenaza.

Al leer de forma global el panorama del municipio, se muestra claramente los grandes desafíos institucionales para con el mismo y con la región, muchos de los cuales son históricos. Este contexto tan complejo y volátil, en el que las comunidades acompañadas se ven notablemente afectadas, incluso, ha impactado el ejercicio humanitario que como organización realizamos en diversas zonas del Catatumbo, lo que ha implicado pausar algunos ejercicios de acompañamiento y monitoreo que se venían realizando, pues no solo esta situación implica un riesgo al equipo de trabajo, sino también a las personas que hacen parte de los procesos.

Si bien los hechos victimizantes materializados son amplios y no se abarcan en este informe, es importante resaltar que los últimos meses del año, se ha agudizado aún más la crisis de cara al goce efectivo de derechos y de seguridad en la región del Catatumbo, dejado en evidencia, situaciones muy complejas que requieren de una respuesta inmediata e integral por parte de las autoridades.

En ese sentido, y con el único interés de favorecer a los más vulnerables, desde el JRS/Colombia daremos continuidad al desarrollo de los procesos de acompañamiento entre tanto nuestro accionar no genere riesgos y por el contrario aporte al desarrollo comunitario en la región. En la medida de las posibilidades, haremos esfuerzos por afianzar el desarrollo de acciones articuladas con las comunidades, la institucionalidad y otras organizaciones humanitarias.

¹ Procuraduría General de la Nación. Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz. Noviembre de 2020. Informe sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz en la Subregión PDET CATATUMBO.ResumenEjecutivo.https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/MSI%20%20RESUMEN%20EJECUTIVO%20CATATUMBO.pdf 1 1

²  Más de seis mujeres han sido asesinadas en las últimas semanas en esta población del Catatumbo. W. Radio. Mayo 4 de 2021. Tomado de https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/asesinan-a-esposa-de-militar-en-el-municipio-de-tibu-norte-de-santander/20210504/nota/4132155.aspx

³ Ola de homicidios. Diario La Opinión. 29 de mayo de 2021. Tomado de https://www.laopinion.com.co/editorial/ola-de-homicidios

⁴ Ibidem

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