Informe #2 - 2021

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, SE RECRUDECE EN LAS COMUNIDADES ACOMPAÑADAS POR EL SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS COLOMBIA – JRS/COL- EN LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, SE RECRUDECE EN LAS COMUNIDADES ACOMPAÑADAS POR EL SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS COLOMBIA – JRS/COL- EN LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO

 

Barrancabermeja, 12 de agosto de 2021. @ColombiaJRS. Después de casi cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla más antigua del país, las FARC – EP y el Estado Colombiano, el objetivo de prevenir la materialización de hechos victimizantes – como el desplazamiento forzado – está aún lejos materializarse, en tanto las dinámicas de violencia y las afectaciones directas hacia las comunidades no dejan de presentarse.

El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia – JRS/COL- a través de su equipo regional en Magdalena Medio, pudo constatar, en el marco de los acompañamientos realizados a las comunidades de algunos municipios del sur del departamento de Bolívar, la llegada masiva de población víctima de desplazamiento forzado al casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur huyendo de las confrontaciones armadas entre los diferentes actores armados estatales y no estatales que hacen presencia en el territorio.

 

 

 

 

Históricamente, la región del sur de Bolívar ha sido golpeada por la violencia, pues allí se configuran elementos como la presencia de actores armados no estatales y alrededor de ellas, economías extractivas con fines ilegales (en la región se ubica la Serranía de San Lucas, uno de los principales puntos del país para el desarrollo de minería de oro) , control social y territorial en los corredores geográficamente estratégicos para la comercialización de sustancias psicoactivas, entre otras, que la consolidan como un territorio importante para el fortalecimiento de las estructuras armadas que allí convergen. Estos elementos hoy cobran gran relevancia dado que el número de víctimas ha aumentado y con ello el número de personas intimidadas, desplazadas, asesinadas, extorsionadas y/o confinadas. Ello está aunado a que la respuesta estatal, tanto nacional como local, ha estado centrada en el aumento del pie de fuerza, y poco dirigida hacia lo previsto en los acuerdos de paz, hacia respuestas integrales, de fortalecimiento de capacidades institucionales locales y de acceso a derechos fundamentales.

Desde el inicio del año, se han presentado situaciones de desplazamiento forzado masivo en la zona. En una primera ocasión, al menos 200 personas provenientes de zona rural de los municipios de Montecristo y de Río Viejo, llegaron al municipio de Norosí en búsqueda de protección, pues debido a los enfrentamientos entre los distintos grupos armados no estatales presentes en la región, debieron huir.

Según lo manifiesta la Federación Agrominera del Sur de Bolívar – FEDEAGROMISBOL- en los comunicados públicos de los días 1 y 6 de agosto del año en curso, desde el año 2020 han llegado nuevos actores armados no estatales que buscan tener el control y ocupar el vacío dejado por las extintas FARC-EP. Allí señalan que, la confluencia tanto del ELN – Ejército de Liberación Nacional –, del Frente 37 de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC-, aunado a la presencia de las Fuerzas Militares  – Ejército Nacional-, exacerbó el peligro y la violación masiva de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las comunidades y con ello, perdido la tranquilidad, se ha afectado la salud física y mental de los pobladores, especialmente de niños y niñas que han tenido que ser testigos de la ferocidad de la guerra. Por eso, cuando el pasado 26 de julio, quedaron en medio del fuego cruzado se vieron obligados a desplazarse masivamente hacia el municipio de Santa Rosa del Sur, pues éste, pese a sus limitantes, es considerado como el que puede brindar una mayor respuesta institucional.

Esta situación, según datos brindados por la Personería Municipal con corte al 9 de agosto, generó un desplazamiento masivo de 2.441 personas, provenientes de diferentes veredas, de las cuales al menos unas 87 de ellas serían migrantes forzadas venezolanas.

Actuando bajo la misionalidad de Acompañar, Servir y Defender, el Equipo Regional Magdalena Medio, se desplazó hacia el municipio de Santa Rosa del Sur, y en articulación con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -PDPMM- y con Equipos Cristianos de Acción por la PAZ – ECAP-, agenciaron una respuesta humanitaria diferenciada en procura de que la población lograra una respuesta lo más integral posible.

En el marco de ese acompañamiento, y producto de las conversaciones sostenidas con algunas de las mujeres ubicadas en el Coliseo Municipal y en la Escuela Número 2 – lugar donde fueron ubicados temporalmente – se logró identificar que las comunidades vienen desplazadas de los municipios de Montecristo, Morales, Arenal y zona rural de Santa Rosa. Se reportan comunidades de Mina Viejito, Mina Vieja, Mina Central, Mina Repollo, Mina Gallo, La Paz, La Y de San Luquitas, Bolivador, Mina Carpa, Mina Mocha, Mina Paraíso, Sinaí, Mina Choco y Mina Caribe.

Así mismo, se pudieron identificar las siguientes necesidades:

1.PROTECCIÓN

    • Algunas mujeres manifestaron no tener un claro conocimiento sobre dónde se ubicarían con su núcleo familiar mientras podían regresar a sus territorios.
    • La comunidad señaló la poca claridad respecto de la ruta institucional, tanto para la caracterización y la declaración del hecho victimizante, así como del procedimiento en general que plantea la Ley 1448 de 2011 para eventos masivos. Hay quienes manifestaron no haber declarado aún el hecho victimizante.
    • De acuerdo a lo evidenciado por el equipo regional sobre los requisitos para que la población migrante forzada venezolana víctima fuese caracterizada, se identificó un posible vacío de protección que desencadena en un subregistro y por ende en una precaria repuesta institucional, pues en la información brindada en el Coliseo, para ellos, era requisito presentar su Permiso Especial de Permanencia – PEP-, sin embargo, las autoridades locales, señalaban que esto no era necesario.

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

    • La alimentación recibida era poco balanceada y en algunos casos solo recibieron 2 comidas en el día.

3. ALBERGUE TEMPORAL

    • Algunas de las mujeres entrevistadas, señalaron no estar en las mejores condiciones, pues el espacio era poco ventilado y no contaban con privacidad para el descanso. Esta situación podía generar riesgos adicionales para niñas y mujeres respecto de violencias basadas en género y/o violencia sexual.
    • El Coliseo no contaba con las condiciones necesarias para funcionar como albergue. A este nivel, resaltaban la necesidad de sábanas, colchonetas, implementos de cocina, espacios suficientes para la higiene (duchas, lavadero, baños), Kits de aseo y/o Kits para bebés.
    • Tanto el Coliseo como la Escuela, presentaban zonas enmontadas y con poca visibilidad lo cual podrían generar riesgos a niños, niñas y mujeres.

4. SALUD

    • Teniendo en cuenta el número de personas ubicadas en el coliseo, manifestaban la necesidad de brigadas preventivas relacionadas a indigestiones, fiebre, malestar general, y más en tiempos de pandemia.
    • Las mujeres presentaron cuadros de infección urinaria, provocados por la falta de servicios sanitarios y por la asepsia de los mismos.

5.AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

    • El suministro de agua iba desde las 9 am hasta las 3 pm. Esto implicaba que las labores de aseo y/o higiene personal fueran limitadas.
    • Necesidad de tener agua para el consumo de forma permanente.

 

6.EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

    • Dentro del censo oficial, las autoridades han señalado la presencia de 888 menores entre los 0 a 17 años. De ellos 303 son de edades entre los 0 a 5 años.

 

 

Si bien, esta identificación no representaba la totalidad de las necesidades más apremiantes de la población que allí se ubicaba, si brindaba elementos esenciales para dirigir la respuesta tanto desde la institucionalidad como desde el sector humanitario. Estas situaciones, aunadas a un escenario institucional fallido, pues no acudieron las autoridades competentes y tampoco se presentó un plan o respuesta a la situación en concreto, motivaron, el retorno voluntario de las comunidades, es decir sin acompañamiento institucional.  FEDEAGROMISBOL en el comunicado del 11 de agosto – RETORNAMOS SIN GARANTÍAS -, plantea que su interés no era permanecer como desplazados por tiempo indefinido, sino más bien, buscaban garantías para la vida y la permanencia en el territorio.

Aunado a esta situación que hoy nos ocupa, el equipo regional ve con preocupación que pese a las constantes alertas sobre los riesgos a los que estas comunidades están expuestas, la institucionalidad no cuenta con una respuesta coordinada y óptima en términos de (a) prevención temprana, es decir, acciones orientadas a identificar las causas que generan las violaciones de los derechos humanos y/o las infracciones al DIH y así poder adoptar medidas para evitar su ocurrencia; (b) prevención urgente, es decir, acciones orientadas a mitigar los daños ante la inminencia de una violación de derechos humanos y/o infracción al DIH – y (c) garantías de no repetición, para evitar qué puedan ser revictimizadas. Esto, en tanto, al materializarse el riesgo, la institucionalidad local, si bien, los ubican en hoteles o en espacios como coliseos, canchas, colegios, también han priorizado acciones orientadas a brindar apoyos para que retornen a los sitios de origen o se movilicen hacia otros territorios en la geografía nacional.

Así mismo, y si bien, la coyuntura plantea una respuesta dirigida hacia las situaciones de desplazamientos masivos como la que actualmente se presenta, es importante señalar que, en el ejercicio de monitoreo realizado por el equipo regional, se ha podido identificar la persistencia del desplazamiento forzado de tipo individual y/o familiar, de lo rural a lo urbano o incluso intraveredal, conocido comúnmente como desplazamiento gota a gota.

La mayoría de estos, provienen de zonas con alertas tempranas como lo son los municipios de Norosí y/o Tiquisio, y se materializan por las mismas razones expuestas anteriormente, es decir, la presencia de diferentes grupos armados no estatales y las dinámicas de violencia que generan en el territorio, así como aquellas relacionadas  al control social asociadas a las represalias por incumplimiento en el pago de extorsiones o préstamos que ofrecen a las comunidades, o por el temor que les genera ejercer liderazgos que les permitan velar por sus derechos.

 

 

Por su misma naturaleza, no son fácilmente reconocidos y, por ende, carecen de un acompañamiento institucional; de un lado, porque la institucionalidad no promueve de manera constante espacios para el análisis de las dinámicas territoriales – pese a que existe la obligación a partir de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2021 – y de otro, porque las víctimas del hecho no denuncian la situación, pues consideran estas denuncias las pueden poner en riesgos adicionales. Aunado a lo anterior, es importante agregar, que sectores de la población migrante forzada venezolana han sido víctimas de estas violaciones, si bien la información oficial al respecto de ello es muy poca. Se tuvo conocimiento que, en el marco de las confrontaciones armadas permanentes que se viven en la zona, hombres venezolanos han sido asesinados, casos que dejan en evidencia un posible subregistro de las víctimas.

Con dicho contexto, el equipo regional evidencia una preocupación adicional, y sobre la cual se quiere hacer una especial atención, y es lo relacionado con los procesos de retorno de esas personas y comunidades. La ley 1448 prevé en el Protocolo para el Acompañamiento a Retornos y Reubicaciones, una ruta clara que inicia con la garantía de tres principios rectores necesarios en dichos procesos: voluntariedad, seguridad y dignidad. En los acompañamientos que se han dado en el territorio, sumado al evento masivo descrito anteriormente, se ha podido evidenciar un común denominador en dichos retornos y es la falta de acompañamiento institucional y la ausencia de condiciones de seguridad, lo que resulta en que se ven afectados nuevamente por los mismos hechos. En ese sentido, hacemos un llamado para que, de conformidad con lo dispuesto en la ley, en esta oportunidad a las comunidades, se les garantice protección en su amplio sentido tanto en la coyuntura, pero también de forma duradera.

 

 

 

Esta región del Magdalena Medio plantea grandes retos institucionales, que de conformidad a la norma, debería prever articulación institucional desde la nación, pues las realidades territoriales hoy colman la capacidad institucional local; es tal la magnitud de los hechos que se están materializando, que un sector de la comunidad en voz de FEDEAGROMISBOL, está proponiendo diálogos directos con los actores armados – estatales y no estatales – a través de un mecanismo conocido por ellos y aplicados en otros momentos: Diálogos Pastorales y Comunitarios. En ellos, acompañados por la Iglesia, puedan de manera directa exigirles unas normas de comportamiento para evitar el involucramiento de los civiles en las hostilidades y para que nunca más se vuelvan a presentar situaciones tan dolorosas como las que han vivido desde hace muchos años.

Bajo ese escenario, instamos a las autoridades a que identifiquen un plan de respuesta que no los exponga a riesgos adicionales, que contemple desde la ayuda humanitaria y satisfacción de necesidades básicas, hasta respuestas de tipo estructural que garantice un desarrollo comunitario.

 

 

Así mismo, motivamos a la arquitectura humanitaria a que aunemos esfuerzos para brindar una respuesta que avance en las necesidades de estas comunidades, pues estamos convencidos de que trabajado coordinadamente y en complementariedad a la respuesta estatal, tal cual lo ha vendido haciendo la Diócesis de Magangué, se logrará promover la protección de los derechos humanos de estas poblaciones afectadas.

Finalmente, insistir a las autoridades en la puesta en marcha de acciones integrales enmarcadas tanto en la legislación interna, como en lo previsto en los acuerdos de paz, como pasos para avanzar hacia la no repetición, equidad y justicia social.  Entre tanto, desde el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, daremos continuidad al acompañamiento de estas comunidades, así como favoreciendo y respetando los procesos comunitarios que se encaminen hacia la consolidación de una cultura de paz y de reconciliación.

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