Retorno y conflictos: Condiciones de las comunidades del Bajo Calima albergadas en el barrio R9
Buenaventura, octubre de 2023. @ColombiaJRS. “Esta situación me tiene triste, la semana pasada fui con mi esposo y mis hijos al río, fue como si me quitaran unas cadenas. Ver el río, tocar el agua, fue total felicidad” (entrevista a mujer habitante del barrio R9).
Las comunidades de la vereda La Esperanza, Ceibito, Trojita y Guadualito, procedentes del corregimiento de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, se encuentran en condición de desplazamiento en el casco urbano del distrito desde hace ya dos años, a causa de la presencia de actores armados en su territorio.
Las 16 familias, conformadas por 68 personas, llegaron al barrio R9, ubicado en la comuna 9, para salvaguardar sus vidas; no obstante, allí han sido víctimas de múltiples vulneraciones, producto de las problemáticas sociales que se presentan en el entorno donde se encuentran albergadas, lo cual se ha convertido en una amenaza directa a su integridad física y mental tanto en lo individual como en lo comunitario.
“La verdad es que la angustia que tenemos, es demasiada. Nos queremos ir de acá, pero la verdad es que regresar en este momento es imposible. El gobierno nos habla de un retorno, pero no reconocen que los actores siguen en el territorio y que han dejado artefactos y allá no han hecho procesos de desminado. Hoy uno no puede ir a sembrar porque no sabe si allá se va a encontrar a alguien o si hay minas enterradas. No sé si la respuesta es volver y acostumbrarnos a vivir con esa gente o morir en el intento” (Testimonio de persona desplazada, albergada en la caseta comunal del barrio R9).
El barrio San Buenaventura, conocido popularmente como La R9, es un entorno afectado por la violencia que se ha presentado en el distrito, la cual ha provocado desplazamientos intraurbanos, confinamientos, restricción de la movilidad en horas específicas, asesinatos, desapariciones y repetidos episodios de fuego cruzado entre grupos armados¹. Uno de los últimos hechos de violencia más graves se presentó en el mes de julio del 2023, cuando una menor de nueve años falleció debido al impacto de una bala perdida, en medio de las confrontaciones entre grupos delincuenciales².
Estas situaciones han generado un ambiente de hostilidad frente al tránsito y/o permanencia de personas externas a la comunidad, pues existe un estigma sobre quienes provienen de la zona rural, ya que se piensa que hacen parte de estructuras organizadas paramilitares o de guerrillas.
En este contexto, la ocupación de la caseta comunal de La R9, que actualmente es utilizado como albergue por parte de las familias desplazadas proveniente del río Calima, ha generado conflictividad entre esta comunidad y las personas del barrio, quienes utilizan la caseta como un espacio de encuentro comunitario. Esta realidad afecta a las personas que viven en este albergue temporal; ya que, ante la necesidad de refugio, la caseta comunal se ha convertido en un lugar para la autoprotección y cuidado, sin ignorar que la edificación pertenece a la Junta de Acción Comunal (JAC).
En consecuencia, han surgido tensiones entre los habitantes permanentes del barrio, quienes exigen a las autoridades locales la reubicación de las personas desplazadas hacia otro sector de la ciudad, y las comunidades del Calima, que manifiestan sentirse en riesgo a causa de la discriminación y las amenazas directas que han recibido:
“Yo estaba acostada al pie de la ventana, cuando escucho que afilan plan de machete aquí al pie de la calle y dicen ‘vamos a entrar a darles’. Desde ese día duermo acá más adentro, porque si les da por entrar a matarnos, no da tiempo ni de correr” (Testimonio de mujer desplazada, habitante del barrio R9).
“Yo estaba colgando la ropa en la parte de atrás de la caseta, como eso allá es pantanoso me puse las botas; cuando siento que alguien me mira, era un señor y grita: ‘ahí salió una guerrillera, una para’ (Testimonio de mujer desplazada, habitante del barrio R9).
Frente a estas situaciones, en el mes de agosto se desarrolló el más reciente Comité de Justicia Transicional (CJI), en el que participaron representantes de las secretarías municipales, oficinas territoriales, direcciones técnicas adscritas a la Alcaldía Distrital, fuerza pública (armada, ejército y Policía Nacional), Ministerio Público (Defensoría, Procuraduría, Personería), representantes de la mesa de víctimas, docentes, representantes del Consejo Comunitario de Bajo Calima y autoridad indígena de Santa Rosa de Guayacán, organizaciones humanitarias, entre otras. En este se evaluaron los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad para el desarrollo de retornos acompañados por parte de las entidades garantes.
En este ejercicio, las comunidades afectadas reiteraron su deseo de retornar a sus territorios siempre y cuando existan las garantías para hacerlo, es decir; que la fuerza pública haga presencia permanente en el territorio, y que se les dote de los materiales para la adecuación de las viviendas y siembra de productos de pancoger para su alimentación. Así mismo, enfatizaron que, durante los procesos de incursión que hacen los hombres para evaluar las condiciones del lugar, aún se observa la presencia de los grupos delictivos, incluso algunos ocupando sus anteriores viviendas.
En este sentido, las autoridades locales expresaron que realizaron monitoreos fluviales en los territorios y afirman que no hay presencia de actores armados ilegales. Además, aseguran no contar con el número de uniformados que la comunidad demanda para tener presencia permanente en la zona y, pese a lo que manifiesta la comunidad, sostienen que existe el principio de seguridad para su retorno.
Teniendo en cuenta este contexto, se sometió a votación la aprobación del principio de seguridad; como resultado, todas las entidades, a excepción del ICBF, el Ministerio Público y el vocero de la Mesa de Víctimas, aprobaron la existencia de condiciones de seguridad para el retorno de las comunidades que se encuentran en condición de desplazamiento en el casco urbano de Buenaventura.
Posteriormente, se abordaron los compromisos para el cumplimiento del principio de dignidad a partir del avance de los procesos administrativos para la adecuación de las viviendas y entrega de alimentos/semillas para la preservación de la seguridad alimentaria; en este punto se entregaron avances y se proyecta contar con datos más concretos para el siguiente comité.
Frente a esta situación, desde el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS/COL):
- Invitamos a las instituciones garantes a establecer una ruta de retorno clara y construida junto a las comunidades, donde se incluyan acciones que propendan por la revisión extensiva del territorio, donde se constate la no existencia de minas antipersonal, ni presencia de actores armados; esto, con el objetivo de garantizar la integridad física, emocional y espiritual de las comunidades étnicas.
- Manifestamos nuestra preocupación por las condiciones en la que se encuentran las comunidades acompañadas y consideramos urgente seguir trabajando en acercar a las personas a procesos de diálogo públicos, en favor de la exigibilidad y garantía de sus derechos.
- De igual forma, hacemos un llamado a tomar medidas integrales que transformen los vacíos estructurales que contribuyen a que perduren las afectaciones a estas comunidades, ya que el Bajo Calima ha sufrido el desplazamiento forzado de manera sistemática en los últimos 10 años.
- Consideramos urgente avanzar en procesos de cuidado a la salud mental y contención emocional desde una perspectiva étnica y territorial que priorice a las mujeres, reconociendo que, al permanecer más tiempo en el barrio, son ellas las que atraviesan niveles de estrés elevados producto de la violencia y la exclusión, sin mencionar la reproducción de estereotipos y roles de género que menoscaban la calidad de vida al interior del albergue.
¹ Al menos 22 familias de un barrio en Buenaventura desplazadas por inseguridad (4 de octubre de 2018). El País. https://www.elpais.com.co/judicial/al-menos-22-familias-de-un-barrio-en-buenaventura-desplazadas-por-inseguridad.html#lnkegb2i1ipba9l85y7
² Luto en Buenaventura: una bala perdida cobra la vida de una niña de nueve años (6 de julio de 2023). Revista Semana. https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/luto-en-buenaventura-una-bala-perdida-cobra-la-vida-de-una-nina-de-nueve-anos/202316/
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