COMUNICADO DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES (2021)

En la actualidad, un alto porcentaje de población mundial, se ha visto obligada a desplazarse hacia otros países. Si bien, algunas personas lo hacen voluntariamente, la mayoría lo hacen presionadas por los contextos, la recurrencia en la vulneración de sus derechos humanos, o por la falta de garantías mínimas para el acceso a bienes y servicios.

Durante el 2021, Colombia fue testigo de cómo migrantes forzados venezolanos y transcontinentales, llegaron en búsqueda de protección, pues sus vidas se encontraban en riesgo. Es por esto, que desde el Servicio Jesuita Refugiados Colombia – JRS/COL-, en nuestro compromiso de caminar de la mano con los excluidos/as, para sanar sus heridas y acompañarles en la determinación de su propio futuro, hoy, en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, vemos la necesidad de resaltar su humanidad, así como de recordar la responsabilidad estatal que existe frente a los diferentes instrumentos internacionales ratificados por Colombia, entre ellos el más reciente Pacto Mundial sobre Migraciones.

En la actualidad, si bien el país cuenta con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos así como con la Política Integral Migratoria – PIM, es preciso señalar que estas deben responder a las realidades con las que llega esta población, pues desde nuestra labor, hemos podido documentar y evidenciar las múltiples necesidades con que las y los migrantes llegan a nuestro país. Algunas de estas son la falta de acceso a servicios de salud, (especialmente quienes sufren enfermedades crónicas), acceso a educación, a vivienda digna, trabajo con condiciones laborales justas, acceso a la nacionalidad de los recién nacidos en el territorio colombiano y en particular, a procesos de regularización constantes que les faciliten aún más su integración.

Aunado a lo anterior, se suman los impactos generados por la COVID – 19, los cuales, además de profundizar las vulnerabilidades de esta población que per se, se encontraba en condiciones precarias, dejó fronteras cerradas. Esta medida fue una de las opciones más utilizadas por los Estados para mitigar la propagación del virus, dejando con ello, como única opción para muchos migrantes que proyectaban llegar a territorio colombiano o avanzar a terceros países, el tránsito por pasos informales. Una situación que las y los expone a un mayor nivel de vulnerabilidad, por las dinámicas de violencia e inclemencias del clima, así como a transporte marítimo restringido, vías intransitables y peligrosas, grupos armados que atentan contra ellos y ellas, ejerciendo entre muchos otros, actos de violencia sexual especialmente hacia las mujeres, cómo el caso de los migrantes transcontinentales que cruzan por el Tapón del Darién.

Por lo anterior, el JRS/COL, atendiendo a este escenario, así como a las realidades y necesidades apremiantes con las que hoy vive la población migrante forzada en nuestro país, considera importante recalcar la necesidad de que la institucionalidad fije con más detalle su mirada tanto a la población en tránsito, como a la población con vocación de permanencia, ejerza con mayor ahínco su función de protección de los derechos de la población más vulnerable en nuestro territorio y satisfaga los vacíos de protección que se hacen evidentes en cada uno de los relatos de las y los migrantes, tomando en consideración que las respuestas institucionales deben ser diferenciadas y acordes a las realidades de la población que migra forzadamente.

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