Recomendaciones de la sociedad civil y la academia para la agenda migratoria del nuevo gobierno

Señor

ÁLVARO LEYVA DURÁN

Ministro

Ministerio de Relaciones Exteriores

Señora

LAURA GIL SAVASTANO

Viceministra de Asuntos Multilaterales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ref.: Recomendaciones de la sociedad civil y la academia para la agenda migratoria del nuevo gobierno.

Respetados señores Ministro y Viceministra, Nosotras, personas migrantes, refugiadas y retornadas en Colombia, organizaciones de la sociedad civil, academia, así como expertas y expertos en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de compartir las siguientes recomendaciones para la construcción de la agenda migratoria del Estado colombiano, que sugerimos sean implementadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Márquez. Consideramos que las recomendaciones que presentamos constituyen un aporte de suma importancia para que el Gobierno entrante desarrolle e implemente una política pública integral en materia de movilidad humana enfocada en la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas.

Históricamente, Colombia se ha caracterizado por ser un país de origen de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y recientemente se ha convertido en un país de 2 tránsito, destino y retorno de personas migrantes y refugiadas. Como país de origen, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 1.046.162 colombianas y colombianos residían en el exterior hasta el primer trimestre de 2022. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2021 había 115.792 refugiados y 80.705 solicitantes de asilo provenientes de Colombia en todo el mundo. En la misma línea, el informe de la Comisión de la Verdad indicó que habría 234.296 colombianos y colombianas registradas como víctimas directas e indirectas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas que salieron del país entre el 2004 y 2020 y no han registrado una nueva entrada a Colombia.

Como país de tránsito, Colombia representa una antesala obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales comprenden decenas de miles de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y víctimas de trata de diferentes nacionalidades que buscan atravesar el Tapón del Darién y otras rutas para continuar su trayecto por Centroamérica con el objetivo principal de llegar a los Estados Unidos de América y en menor medida a otros países como México, Canadá y Costa Rica. Muchas otras transitan por Colombia para dirigirse a países de Suramérica. Como país de destino de personas migrantes y refugiadas, de acuerdo con cifras de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para finales de febrero de 2022, se registraban 2.477.588 personas venezolanas residiendo en el país, de las cuales, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 539 son solicitantes de refugio y 685 han sido reconocidas como refugiadas entre el 2017 y 2022.

Las medidas adoptadas recientemente por el Estado colombiano con relación a la población migrante y refugiada de Venezuela han sido reconocidas internacionalmente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agencias como el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han destacado que las medidas adoptadas por Colombia son un ejemplo para la región y el resto del mundo, ya que reflejan el liderazgo, pragmatismo, humanidad y solidaridad del Estado y la sociedad colombiana en la gestión de la migración. En este sentido, Colombia ha demostrado a nivel mundial que una gestión humana de la migración es posible y que reporta múltiples beneficios al país.

Si bien en el último año Colombia adoptó los lineamientos para la construcción y orientación de una política migratoria (Ley 2136 de 2021) y creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos – ETPMV (Decreto 216 de 2021), estas medidas no han sido suficientes para garantizar el acceso a la protección internacional y la integración de las personas migrantes y refugiadas en Colombia. Estas medidas han carecido de acciones con enfoque diferencial para la atención y protección de esta población y no han tenido en cuenta el contexto de conflicto armado en Colombia. Así mismo, han resultado tímidas en cuanto al involucramiento del sector privado se refiere.

Por lo tanto, en esta próxima etapa que se inicia con el nuevo gobierno, es necesario que el Estado colombiano continúe adoptando medidas para consolidar una política migratoria que 3 cumpla con los estándares internacionales, interamericanos y constitucionales sobre los derechos de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas, que genere incentivos para sumar al sector privado. Además, es fundamental que el Estado colombiano cuente con una política migratoria que tenga en cuenta su rol no solo como país de destino, sino de tránsito de personas migrantes y refugiadas de distintas nacionalidades.

Para seguir avanzando en la agenda migratoria del país es necesario que el Estado colombiano pueda establecer un espacio transitorio de diálogo con las personas migrantes y refugiadas, organizaciones de la diáspora y organizaciones de la sociedad civil, mientras se establecen las instancias formales como la Mesa Nacional de la Sociedad Civil. Lo anterior, con el objetivo de crear espacios democráticos y colaborativos que permitan la participación de diversos actores interesados en el fortalecimiento a la Política Integral Migratoria (PIM), así como su plena implementación.

A continuación presentamos las siguientes recomendaciones con el propósito de fortalecer la actual política migratoria y los programas existentes, y que el Estado colombiano continúe liderando el desarrollo de una gestión migratoria humana en el continente americano y a nivel internacional.

Nos ponemos a su disposición para reunirnos con usted y su equipo de trabajo y discutir estas propuestas en mayor detalle. Recibimos comunicaciones en las siguientes direcciones de correo electrónico: larroyave@dejusticia.org e incidencia@codhes.org

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