Pasto, 13 de mayo de 2020. (@colombiajrs) El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS) hace un llamado a la Gobernación de Nariño, a las Alcaldías Municipales de Pasto e Ipiales y sus Secretarías de Educación, al Ministerio de Educación Nacional, a las Instituciones con competencia en la situación y a la opinión pública, a prestar mayor atención a la garantía de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como víctimas del conflicto del armado, en Nariño. Especialmente, en las vulneraciones que pueden surgir a raíz de desplazamientos forzados y los riesgos de desescolarización y acceso a herramientas educativas como resultado de las medidas implementadas para mitigar la propagación del COVID-19.

Como organización humanitaria, el JRS/COL ha identificado y analizado los siguientes hechos y problemáticas que amenazan la garantía de derechos de las poblaciones ya mencionadas:

✓ En Colombia, las víctimas de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado son reconocidas como un grupo poblacional de especial protección, por la vulnerabilidad que presentan. En ese sentido, la política pública de atención a víctimas consideró necesaria la implementación de acciones de seguimiento y evaluación al goce efectivo de derechos de esta población, cada 2 años. Esto con el fin de determinar las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho de desplazamiento, para identificar acciones que contribuyan a una verdadera atención y reparación integral.

✓ Entre marzo y abril del presente año, en el departamento de Nariño, se han presentado ocho desplazamientos masivos que han afectado a 1580 personas (409 familias). Esto ha dejado en situación de debilidad manifiesta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de este hecho, quienes además de vivir el flagelo del desplazamiento, deben enfrentarse a distintas barreras, como las económicas, para el goce efectivo de sus derechos.

✓ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, hace un llamado a los Estados de la región para “brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad”.

En el marco de la pandemia por COVID-19 también hemos identificado los siguientes puntos:

✓ Desde el inicio del aislamiento obligatorio, el Estado colombiano ha decretado diferentes medidas para la contención del COVID-19. Varias de ellas están relacionadas con el sector educativo, abarcando disposiciones para básica primaria, secundaria, educación técnica y superior.

✓ En alocución presidencial, se informó, que el aislamiento preventivo obligatorio para los niños, niñas y adolescentes se extendería hasta el 30 de mayo, pero que, desde el 20 de abril, se daría inicio a las clases a distancia de forma virtual. Si bien en algunas regiones del país, esta estrategia ha tenido éxito, en algunas de las comunidades acompañada por el Equipo Nariño del JRS COL, se ha podido identificar que a un porcentaje de la población víctima de desplazamiento forzado, que además se encuentra asentada en zonas rurales, dispersas, o en sectores urbanos empobrecidos, esta estrategia no les ha favorecido. En gran parte porque coincide con que no se tiene acceso a dispositivos para el uso de tecnologías de la información como un computador, tableta y/o smartphone con conexión a internet.

✓ En el municipio de Ipiales, la comunidad del corregimiento de La Victoria, manifiesta una preocupación latente, pues la mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se están viendo desescolarizados, ya que la virtualización de las clases no ha podido materializarse, en tanto carecen de instrumentos tecnológicos y de redes de internet que faciliten el proceso. Además, esta situación de aislamiento preventivo obligatorio ha repercutido en que los menores dejen de recibir su Plan de Atención Alimentaria (PAE) lo que muchas veces representa a que las familias que recibían una ración diaria de comida, no se preocupaban por una de esas tres raciones. Esta situación se recrudece debido a la disminución cercana al 90% de los ingresos de los campesinos de la región. La gran mayoría vive del sector agropecuario, muy afectado en las condiciones actuales debido a las restricciones en la comercialización de sus productos.

✓ La comunidad de Torres de San Luis, ubicada en una zona excluida de Pasto, presenta una situación similar. La mayoría es población víctima del conflicto armado, con hogares monoparentales en los que se vive de la informalidad. Actualmente, no cuentan con ingresos adicionales, distintos a los pagos del Gobierno Nacional en el marco del Programa Familias en Acción. Cabe señalar, que este ya venía atrasado por varios meses. En el caso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tampoco se ha materializado la educación virtual y el acceso al PAE. Ante esta situación, el JRS Colombia manifiesta su preocupación sobre el llamado que hace la población víctima del conflicto armado para que las medidas que se identifiquen cuenten con un enfoque interseccional y de protección de derechos. Asimismo, la necesidad de prestar atención especial a las necesidades y al impacto diferenciado de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en la población víctima del conflicto armado, tal como lo ha señalado el Auto 149 de 2020 de la Corte Constitucional – Sala Especial de Seguimiento, Sentencia T-025 DE 2004.

Asimismo, hacemos un llamado respetuoso a la Institucionalidad con competencia en la materia, para que diseñe e implemente medidas diferenciadas y acordes a los contextos y realidades territoriales, de tal forma que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el territorio colombiano, accedan a la educación y al PAE, ya que en la actualidad, este programa no está teniendo el alcance esperado en las zonas rurales ni urbanas del departamento nariñense.

Llamado a garantizar los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto armado y los NNAJ en el marco de la emergencia por COVID-19