SITUACIÓN DE CONFINAMIENTOS EN BUENAVENTURA

El confinamiento provocado por los desplazamientos forzosos persiste en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. A corte de 2022, existen más de 15.000 personas registradas por la Unidad para las Víctimas como víctimas del confinamiento. Esto ha implicado la configuración de nuevos confinamientos dentro de la dinámica de desplazamiento de lo rural, urbano, intraurbano, interdepartamental e interveredal.

Desde el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia se alerta de la situación de confinamientos, pues estos llevan aconteciendo en lo corrido del año y no se ha tenido una respuesta institucional suficiente para abarcar las necesidades de protección y garantía de los derechos humanos.

¿Qué confinamientos están actualmente aconteciendo en Buenaventura?

• Comunidad San Isidro

San Isidro es una comunidad afro que se vio obligada a salir de su territorio a causa de los múltiples enfrentamientos que están ocurriendo al territorio al que se encuentran ombligados[1]. Esta comunidad, conformada por más de 100 personas (entre ellas niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores), se encuentra ubicada hace 6 meses en un coliseo que no ofrece condiciones dignas para poder continuar con sus prácticas ancestrales, así como tampoco una vivienda digna[2], viéndose obligados a improvisar un techo con plásticos y carpas.

Actualmente dentro de la comunidad de San Isidro el temor persiste, pues, aunque la Unidad para las Víctimas ha mencionado estar trabajando en un plan de reubicación, este no cuenta con las garantías necesarias para poder acceder a un retorno seguro, debido a que los enfrentamientos entre los grupos armados siguen vigentes en su territorio de origen. Sumado a lo anterior, la comunidad manifiesta que la misma entidad ha mencionado retirar la ayuda humanitaria por haber otorgado lo legalmente estipulado, ignorando que la emergencia no ha cesado.

Este no es el único hecho victimizante que la comunidad San Isidro ha tenido que sobrellevar. Anteriormente los grupos armados los utilizaban como escudo humano para sus enfrentamientos, hasta que consideraron más estratégico desplazarlos para poder continuar con las confrontaciones por el control de los estelos que rodean la vereda.

La mayoría de la comunidad posee medidas cautelares vigentes para su protección, sin embargo, estas no han sido ejecutadas satisfactoriamente.

Las personas de San Isidro manifiestan no querer dejar su territorio de origen, por lo que esperan que el Estado realice un plan de retorno y reubicación que posea las garantías necesarias para un asentamiento seguro.

• Comunidad Valledupar

Valledupar es una comunidad indígena desplazada a causa de las dinámicas del conflicto armado, desde hace 10 meses se encuentran confinados a las afueras de la ciudad de Buenaventura y desde ese entonces han enfrentado serias dificultades en el reconocimiento de sus derechos, así como también el respeto de su cosmovisión.

Si bien el Estado ha otorgado las correspondientes ayudas humanitarias a la comunidad, estas son insuficientes, pues en la mayoría de los casos los alimentos otorgados no están compuestos por la canasta básica de alimentación a la que ellos estaban acostumbrados, llevando a que se enfermen al momento de consumir dichos alimentos. Sumado a lo anterior, manifiestan necesitar ingredientes que hacen parte de su tradición como la papa china, el plátano y el pescado, y que ahora no son fáciles de conseguir porque eran ellos mismos quienes los producían.

La comunidad de Valledupar manifiesta no querer ser retornada, sino que, por el contrario, prefieren que proceda la reubicación. Y aunque han existido avances significativos en el trámite, actualmente se están enfrentando a una dificultad: el desalojo del predio en donde se encuentran confinados. Dicha situación está aconteciendo debido a que la Unidad de Víctimas manifiesta que ya brindó la ayuda estipulada en la ley, ignorando por completo que la emergencia continúa latente.  Sumado a eso, los diversos trámites administrativos han generado demoras en la redistribución correcta de los derechos de la población y de quienes están fungiendo como comunidad de acogida.[3]

El conflicto armado ¿una variable que siempre ha estado presente en el territorio de Buenaventura?

Buenaventura es un municipio rico en recursos naturales y bien comunicado para el comercio interior y exterior, pero con el conflicto armado todavía presente en la cotidianidad. Precisamente, por su importante ubicación geográfica siempre ha estado en los objetivos de control territorial de varios grupos armados ilegales.

Se puede establecer que la llegada de actores armados ilegales a esta costa colombiana, en donde coexistían agricultores, mineros artesanales y pescadores de comunidades afrodescendientes e indígenas de los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle; fue en 1959 con la creación de la Empresa Pública Puertos de Colombia y con ello la construcción del puerto de Buenaventura, el cual le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país unos 5 billones de pesos anuales en impuestos de aduanas, al igual que asegurar la empleabilidad de más de 4.000 bonaverenses.[4]

Debido a la ubicación estratégica de los esteros, y su entrada y salida directa al mar, Buenaventura se convirtió clave para el transporte de mercancías legales e ilegales, destacando armas y estupefacientes[5], causando el alto interés por el control total del territorio de parte de diferentes grupos armados.

Según el último boletín del Registro Único de Victimas (RUV), con corte 31 de julio de 2022, 317.348 personas fueron inscritas a dicho instrumento en Buenaventura. El mayor hecho victimizante reportado fue el desplazamiento forzado, con 76.528 víctimas[6], de las cuales se han identificado más de 857 familias que se desplazaron a Cali y cerca de 80 más al casco urbano de Buenaventura.[7]

¿Cuáles son las características de los confinamientos?

Según el Protection Analysis Update de Buenaventura de 2022[8], se ha identificado que el fenómeno del confinamiento:

1. Está subregistrado.
2. Su temporalidad está caracterizada por ser corta.
3. No está reconocido en todas sus modalidades por el ordenamiento jurídico colombiano, como lo es el caso del confinamiento urbano.

La situación de los confinamientos se torna aún más gravosa teniendo en cuenta que en Buenaventura el 26.3% de los hogares no tienen acceso a una fuente de agua mejorada, al igual que el 32.4% posee una inadecuada eliminación de excretas, además de no contar con un servicio de alcantarillado estable. Lo anterior da lugar a que se presente una crisis de salud pública, en donde las más vulnerables son las comunidades confinadas.

De otro lado, el tipo de confinamiento que se está originando es producto de desplazamientos intraurbanos, interveredales, interdepartamentales y, cuando la vulneración llega a ser sumamente gravosa, llega a producir un desplazamiento que trasciende las fronteras nacionales.

Según OCHA se han presentado más de 14 desplazamientos y 4 confinamientos de comunidades afrodescendientes e indígenas, representando más de 800 familias a quienes no se les han reconocido satisfactoriamente sus derechos[9]. Es por eso que invitamos al Estado colombiano a revisar las nuevas modalidades en que los confinamientos se están dando, así como la respuesta institucional que está otorgando para que se ajuste a un enfoque interseccional y local, con la finalidad de poder responder óptimamente a dicho hecho victimizante, pues es un fenómeno que continua latente en el territorio.

[1] El término “ombligados” hace referencia a aquella conexión basada en las tradiciones ancestrales, así como también la cosmovisión de las personas. Dicho término es usado en el pacífico colombiano.

[2] Al respecto, se entiende como “digna” el concepto ampliamente usado por la Corte Constitucional en el que se hace referencia a vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones (Corte Constitucional, 2002).

[3] Al respecto, es importante mencionar que, tanto en el Auto 894 de 2022, como en la Sentencia SU 067 de 2022, la Corte ha alertado del excesivo trámite burocratizado de los procesos administrativos que terminan derivando en la vulneración de derechos humanos y fundamentales de la población.

[4] Comisión de la Verdad. (2019). Buenaventura, un territorio lleno de contrastes. Recuperado de: https://bit.ly/3J1EqIn .

[5] Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Buenaventura: un puerto sin comunidad. Recuperado de: https://bit.ly/3ZrsQLL.

[6] Unidad para las Víctimas. (2022). Boletín de Fichas Estadísticas – Buenaventura, Valle del Cauca. Recuperado de: https://bit.ly/3IBHitV.

[7] Defensoría del Pueblo. (2022). Alerta temprana 17 de febrero de 2022. Recuperado de: https://bit.ly/3J09NCX.

[8] Global Protection Cluster. (2022). Buenaventura Protection Analysis Update 2022. Recuperado de: https://bit.ly/3IEGMvi.

[9] OCHA. (2022). Desplazamientos forzados masivos y confinamiento de comunidades afrodescendientes e indígena en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Recuperado de: https://bit.ly/41BiNWC.

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