Informe #4

Cúcuta, 17 de mayo de 2020 (@ColombiaJRS) Esto le imprime unas características particulares al corregimiento, pues esta importante dinámica comercial binacional ha generado que un porcentaje significativo de la población colombiana y venezolana se dedique, entre otras cosas, al trabajo informal como principal fuente de ingreso para la subsistencia diaria. Se identifican con facilidad personas que de manera rudimentaria cargan maletas y cajas con todo tipo de mercancía hasta el punto de control fronterizo; u otras dedicadas al cuidado de carros, la venta ambulante de bebidas, alimentos u otros elementos. Incluso, algunas acuden a la caridad para lograr un sustento diario.

En este contexto, y teniendo en cuenta las medidas de aislamiento y cuarentena tomadas por el Gobierno Nacional para la contención del COVID-19, se ha venido presentando una concentración de población integrada por colombianos víctimas de la violencia, migrantes y refugiados venezolanos y, ahora, población venezolana que viene llegando de otros departamentos de Colombia o de otros países de la región queriendo retornar a su país. Esta población que normalmente y de forma cotidiana fluctuaba de un lado a otro de la frontera, ha tenido que concentrarse en el corregimiento de La Parada buscando medios de subsistencia, o esperando turno para ingresar a su país.

Es por esto, que el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS/COL), hace un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que de manera coordinada, identifiquen estrategias más amplias, con enfoque de integración local, que fortalezcan  y optimicen la respuesta que diferentes actores ya han venido brindado al territorio, y en ese sentido, puedan contribuir a la mitigación de la crisis social-humanitaria aguda que se presenta en esta zona de frontera. Esta crisis puede traer consigo riesgos adicionales para esta población, para el municipio de Villa del Rosario y de manera colateral para la ciudad de Cúcuta, que por su cercanía al municipio, es vista como fuente de subsistencia, pues allí también se dedican a actividades informales como las ventas ambulantes y la limpieza de carros, entre otros.

Si bien, de manera coordinada entre las organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas que conforman el Grupo Interagencial de Grupos Migratorios Mixtos Local (GIFMM Local), se han desarrollado acciones conjuntas y permanentes de la mano con la Gobernación Departamental y la Administración Municipal, la situación es tal, que será necesario que de manera colaborativa otros actores e instituciones contribuyan para lograr una estrategia más robusta que mitigue los riesgos que se están presentando y que se puedan acrecentar luego del levantamiento de la cuarentena nacional. En estas condiciones, las personas se verán movidas a desplazarse a otras ciudades, en busca de alternativas para la subsistencia, generando nuevas dinámicas en los territorios a los que lleguen.

Sustentamos estas afirmaciones con las realidades evidenciadas en el territorio. En los ejercicios de articulación y acompañamiento humanitario desarrollados por nuestra Oficina Regional Norte de Santander a esta población, se ha podido identificar la situación compleja que se está viviendo en el corregimiento.

Entre las situaciones más preocupantes que se pudieron evidenciar, destacamos:

• Si bien, el punto de control migratorio oficial en el Puente Simón Bolívar está cerrado, se estima que de manera permanente pueden estar pasando diariamente alrededor de 2.000 personas por los puntos informales (conocidos como trochas). Estos están por todo el sector y representan diferentes riesgos para quienes transitan por allí.
• La masiva llegada de población venezolana que quiere retornar a su país, ha generado una alta concentración de personas en el cruce por el Puente Internacional. Los procesos y políticas implementados por el gobierno venezolano para que la gente ingrese contemplan un tope máximo de personas en días específicos, lo que ha generado represamiento de población a la espera de su turno para pasar. En el lugar, que ya contaba con condiciones limitadas en términos de seguridad, infraestructura, acceso a bienes y servicios limitados, está confluyendo esta población que están en altas condiciones de vulnerabilidad, con poco acceso a medidas de bioseguridad, y quienes además deben esperar su entrada a la intemperie.
• Se perciben dificultades en la población en general para acatar las medidas de distanciamiento social y el uso de elementos de bioseguridad, como el tapabocas.
• Mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas, en su mayoría menores de tres años, e inclusive recién nacidos, se encuentran ubicados en sitios poco salubres o en calle; sin ningún tipo de medidas de protección contra el COVID-19.
• Se evidencia el uso de niños y niñas para solicitar ayudas humanitarias ante los entes de Gobierno o actores presentes en la zona.
• Hay mujeres, niños y niñas, viviendo e incluso preparando alimentos en el sector de “La Bocatoma”, espacio construido para canalizar el Río Táchira, el cual lleva agua al centro del municipio de Villa del Rosario. En ese punto, el agua no es tratada.
• Algunas personas cocinan con leña en la calle y con agua no apta para el consumo humano, en condiciones mínimas de higiene.

Asimismo, al entregar ayudas humanitarias en las casas fue muy evidente encontrar:

• Mujeres viviendo en hacinamiento, y otras que se ven forzadas a ofrecer sexo por supervivencia.
• Personas viviendo en espacios reducidos y en condiciones poco salubres. Se ha hecho popular que a estas viviendas las llamen “galpones” pues en estos sitios se pueden encontrar en un pequeño espacio más de 50 personas, quienes en su gran mayoría son población venezolana.

Ante estas realidades, hacemos un llamado a las autoridades con competencia en la materia, para que de manera colaborativa, articulada con el territorio y actuando bajo los más altos estándares de protección, identifiquen procesos que propendan por la estabilización de las condiciones de esta población.

Teniendo en cuenta las situaciones particulares que están afectando a mujeres, niños y niñas, retomamos el llamado a los Estados que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 01 de 2020, la cual identifica: “Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia del COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas medidas puedan generar”.

Asimismo, y teniendo en cuenta la crítica situación de la población migrante y refugiada venezolana que se encuentra actualmente en puntos fronterizos queriendo regresar a su país, hacemos un llamado para que bajo el liderazgo del Gobierno Nacional se fortalezcan los planes y programas identificados en lo local para que se mitiguen los riesgos adicionales a los que ellos se enfrentan, pero también tengan en cuenta y fortalezcan a las comunidades de acogida.