Informe #1

1. SOACHA (CUNDINAMARCA)
Datos clave de la configuración del territorio:

• El municipio de Soacha está ubicado en el área central del país. Hace parte del departamento de Cundinamarca. La zona urbana se encuentra dividida en seis comunas, con una totalidad de 378 barrios y urbanizaciones, de los cuales 152 son asentamientos subnormales (es decir ilegales, sin titulación de tierras y con ausencia de servicios públicos básicos como agua y alcantarillado).
• Las comunas cuatro y seis son consideradas los sectores más críticos, por las condiciones en las que viven sus habitantes y porque concentran la mayor densidad poblacional del territorio. En la comuna cuatro se estima que está un poco menos de la mitad de la totalidad de la población víctima de desplazamiento forzado, que llega al municipio.
• La zona rural, tiene una extensión de 78% en relación con el urbano que es de 22%. Cerca de 1% de la población vive en la ruralidad, mientras que el 99% vive en la zona urbana. Según el Dane, en el Censo Nacional de 2018, el municipio cuenta con 634.660 habitantes; pero la Alcaldía Municipal señala que hay más de un millón. Ambas coinciden en la alta vulnerabilidad que sufre la población.
• La Unidad Nacional para la Atención a Víctimas indica que entre 1985 y 2018 han llegado a Soacha 55.538 desplazados del conflicto armado interno. El éxodo de migrantes (ante todo venezolanos) se incrementó desde 2016 y según cifras oficiales a 31 de diciembre de 2019, en el municipio se encontraban 26.140 personas de nacionalidad venezolana, de un total de 92.556 personas en el Departamento de Cundinamarca.
• Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Administración Local entre 53,8% y 67% de las personas se encuentran en situación de pobreza, 20,4% en la indigencia, 65,92% en índice de pobreza multidimensional y 19,5% con indicador de necesidades básicas insatisfechas.

Esta configuración territorial y demográfica determina un panorama sumamente complejo en el marco de esta emergencia del COVID-19 para responder y contrarrestar de una mejor manera los efectos de la pandemia. Además, las restricciones para salir y para transportarse, en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, han afectado de manera contundente a la población. Un porcentaje significativo se dedica a actividades económicas informales. Según cifras del DANE, el empleo informal del municipio se puede proyectar en aproximadamente 42%. Esta situación se traduce en el desarrollo de actividades de ‘rebusque’ por parte de los habitantes del territorio. Es decir, ventas ambulantes y/o empleos cuyos pagos se reciben a diario. Cabe anotar que esta situación le permite a la población solventar su permanencia y subsistencia mínima diaria.

En cuanto a la insuficiencia en la infraestructura de salud, el municipio cuenta con dos hospitales: uno público, el Hospital Mario Gaitán Yanguas, de nivel III; y uno privado, el Hospital Cardiovascular del Niño. Además, cuenta con cinco centros de salud, de menor nivel, que hacen parte de la red de atención E.S.E municipal. Si bien en un contexto ‘normal’ estos no logran atender la demanda, agregarle casos de COVID-19 desencadenaría una respuesta limitada. Además, hoy el municipio no cuenta con Secretario(a) de Salud ni tiene una estrategia clara en ese sentido. Es por esto, que el JRS/COL, en conjunto con otras organizaciones y buscando articulación con la Alcaldía Municipal, buscará enfocar su accionar en fortalecer el sistema de salud del municipio.

Soacha solo cuenta con un albergue, manejado por la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, que tiene capacidad de atender 45 personas (aunque ha llegado a albergar hasta 60 en algunos momentos). Desde el JRS/COL Equipo Soacha, se acompaña permanente este espacio, tanto con orientación jurídica, como en acompañamientos psicosociales individuales y grupales. Sin embargo, y con esta coyuntura donde se es imposible que estén reunidas más de 40 personas, no vemos como
opción ampliar la capacidad de los albergues. Por eso es necesario implementar estrategias para que la población más vulnerable cuente con un techo. Se empezó con la entrega de ayudas para alojamiento temporal y subsidios de arrendamiento, pero por las condiciones de seguridad de la zona, se ha pasado a cash multipropósito como una mejor medida de ayuda a la población. El JRS/COL en Soacha no generará acciones en atención humanitaria de manera indistinta, pues con los niveles de pobreza multidimensional de la zona, se estaría generando acción con daño.

Conclusiones del territorio:

• La población, en sus trabajos informales, se mantiene sin cumplir la cuarentena buscando con que abastecerse, especialmente en alimentos. Incluso se han presentado amotinamientos y alteraciones de orden público por falsas noticias de entrega de mercados y ayudas. La situación humanitaria es tan precaria y generalizada que ante una posibilidad de ayuda de parte del Estado u otras organizaciones las personas se aglomeran y movilizan.
• El equipo prevé que a corto plazo la población migrante y víctima del conflicto, podrá ser desalojada, en tanto no tendrán recursos para pagar su alojamiento. La Alcaldía Municipal aún no ha presentado una estrategia de contención tipo albergues u otra modalidad que supla esta necesidad.

2. PASTO (NARIÑO)
Datos clave de la configuración del territorio:

•  El municipio de Pasto está ubicado al suroccidente del país. Es la capital del departamento de Nariño y limita al sur con Ecuador. Nariño es uno de los departamentos con mayor afectación por las consecuencias del conflicto armado.
•  Según cifras oficiales de Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2019, en el municipio de Pasto se encontraban 4.608 personas migrantes venezolanas, de las 11.750 que hay en el departamento.
• Según el DANE, Nariño presenta una proporción de personas en NBI de 21,59% y una proporción de 4,40% en miseria. De estas, Pasto tiene una proporción de 8,11% con NBI y 0,88% de personas en miseria.

El territorio presenta afectaciones que responden a las dinámicas fronterizas entre los dos países. Estas relaciones, sin lugar a duda, marcan la línea de vulnerabilidad de la población migrante que por allí transita. En la emergencia actual de salud mundial, el gobierno ecuatoriano y colombiano, decretaron el cierre de la frontera terrestre y marítima entre los dos países, sin prever antes acciones concretas para mitigar lo que significaría esta decisión. Esta decisión afectó a decenas de
venezolanos, muchas veces mujeres con niños y niñas, que intentaban atravesar la frontera para llegar nuevamente a su país, apelando razones humanitarias. Sin embargo, fueron recibidas por militares y policías impidiendo el paso. Muchas quedaron sin rumbo, y alrededor de 600 personas que intentaban regresar de nuevo a su país, optaron por ingresar a Colombia por pasos irregulares o ‘trochas’, debido a los cierres. Estos ponen a las personas en mayores grados de vulnerabilidad, al correr riesgos de trata y tráfico de personas, entre otros.

Si bien el JRS/COL en Pasto acompañó a cientos de estas familias, desde un enfoque de protección, apoyando el pago de transporte y garantizando la reunificación familiar, entre otras acciones humanitarias, se estima que en Pasto todavía hay alrededor de 120 personas buscando salir hacia Venezuela. Sin embargo, no es fácil que las empresas transportadoras los lleven; primero, porque las restricciones de movilidad a nivel nacional; y segundo, porque en algunos casos no cuentan con
recursos para acceder a los pasajes. Ante esta situación, tanto el gobernador del Carchi (provincia fronteriza con Colombia en Ecuador) como el gobernador de Nariño, están estudiando la posibilidad de establecer un corredor humanitario con todas las medidas sanitarias necesarias que permita que retornen nuevamente a su país en condiciones dignas y de protección. No obstante, hacen un llamado a la cooperación internacional y a organizaciones humanitarias para que puedan apoyar directamente la medida.

Retos para la atención humanitaria en el territorio:
En las calles de Pasto y Tumaco se evidencian muchas personas en situación de calle que no han sido atendidas, porque no existen albergues para brindarles atención humanitaria.

• En Ipiales, los albergues existentes sobrepasan su capacidad. En Pasto, hay alrededor de 79 familias en situación de calle. Alrededor de 300 personas que no cuentan con un lugar para su estadía y por ende, acceso a agua. Su alimentación es nula, y si bien la cooperación internacional ha generado procesos de articulación en el territorio para ubicar albergues/carpas, las comunidades de acogida han rechazo hacia la iniciativa por lo que aún no se logra consolidar donde ubicar estos sitios de acogida.
• En Pasto, 800 familias se encuentran en desprotección. No tienen acceso a alimentos ni techo. De estas, alrededor de unas 450 están en peligro de que los arrendatarios las saquen de los lugares donde están viviendo, debido a que, por la cuarentena nacional, no han podido salir a trabajar para pagar los arriendos. En Ipiales, hay alrededor de unas 400 familias en esta misma situación y en Tumaco se estiman unas 150.
• Los hogares de paso están completamente ocupados y los hoteles no están facilitando su alquiler, aludiendo prevención del contagio. Hay una discriminación grande por parte de la comunidad de acogida hacia la población venezolana, pues son señalados de ser extranjeros (portadores del virus).
• Para todo el departamento de Nariño se estima que existen al alrededor de 1.300 familias en estado de desprotección por la coyuntura del virus.

La respuesta municipal ha sido baja. Las acciones se han concentrado en medidas policivas hacia a la comunidad, con las que están desalojando a esta población de lugares de agrupación como puentes y parques. Cabe señalar que debido a “los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley por la disputa territorial que se presenta desde finales de 2019 en zona rural del municipio de Roberto Payán, y que se han intensificado en 2020, han ocasionado continuos desplazamientos masivos en este municipio, afectando a cerca de 944 personas (267 familias) afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario El Progreso. Estas personas se encuentran en lugares habilitados por la Alcaldía (Alojamiento de la alcaldía, instalaciones del SENA, alquiler de viviendas) y en casas de familiares y conocidos de la cabecera municipal. Por los mismos hechos, desde el 03 de marzo al menos 266 personas (88 familias) de las veredas Papi Unión, Papi Palma y Papi Trinidad se confinaron, presentando restricciones a la movilidad y de acceso a sus cultivos de sustento diario, medios de vida y otros bienes y servicios”.

Ante dichas complejidades, el JRS/COL en Pasto, ha apoyado de manera directa a la población, desde su quehacer humanitario, priorizando un enfoque de protección. Ha apoyado en transporte, acompañamiento psicosocial y orientación jurídica virtual, y se prepara, articulado con otros actores del territorio, en brindar respuesta a la situación de manera escalonada y atendiendo a las medidas de prevención y lineamientos del Gobierno Nacional en materia de alimentación y alojamiento.

3. CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Datos clave de la configuración del territorio:

• El municipio de Cúcuta está ubicado en el nororiente del país y es la capital del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
• Según cifras oficiales, con corte de diciembre de 2019, en el departamento se encontraban 202.727 migrantes venezolanos, de los cuales 104.981 estaban en la ciudad de Cúcuta.
• De acuerdo con cifras del DANE, Norte de Santander presenta una proporción de personas en NBI de 18,26% y una proporción de 4,67% en miseria. De estas, Cúcuta presenta una proporción de 13,40 % de personas con NBI y 2, 58% en miseria. “La Organización Mundial para la Salud (OMS) señala que, en situaciones de pandemia, como la que
  estamos viviendo a nivel global con el COVID-19, la población migrante y refugiada es la más vulnerable, no solo porque es la más expuesta al contagio y transmisión de enfermedades, sino porque el acceso a servicios para otro tipo de afecciones se interrumpe, ya que los sistemas de salud se desbordan y la capacidad de los gobiernos locales es muy limitada”. Esta afirmación no es ajena al departamento, porque se ha caracterizado por contar con dos situaciones estructurales que con el tiempo se han materializado contundentemente: el aumento de los flujos migratorios mixtos que han profundizado la crisis migratoria en la región, y la reconfiguración y profundización del conflicto armado interno por parte de actores armados en la zona.

Ante la emergencia sanitaria, la institucionalidad deberá generar una estrategia para mitigar las afectaciones sanitarias actuales, y continuar atenta a las situaciones de desplazamiento forzado y vulnerabilidades contra la vida, libertad e integridad de los pobladores (colombianos y/o venezolanos). En ese sentido, el Gobierno Nacional dispuso el cierre de la frontera con Venezuela, dado que miles de personas venezolanas, colombianos retornados o colombo-venezolanos transitan
lado a lado, por los puentes internacionales y por las múltiples ‘trochas’ o pasos ilegales diariamente, con el fin de obtener alimentos, medicinas, implementos básicos y en muchas ocasiones una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, y si bien le medida fue acatada por la institucionalidad, es común ver como por los pasos ilegales la gente atraviesa sin ningún control o medida de prevención ante el Coronavirus. Este es un gran reto mayor para la respuesta humanitaria. Por eso el equipo del JR/COL en Cúcuta ha evidenciado que para esta población migrante regular o irregular, acatar las medidas de aislamiento social va a ser muy difícil debido a que:

• La mayoría depende de su trabajo diario informal para poder responder a sus necesidades cotidianas de pago de arrendamientos y comida.
•  Muchas de las personas que antes de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, venían pagando su alojamiento al diario, se han visto afectadas, pues en algunos casos los arrendatarios los han sacado a la calle, por no estar al día con el pago o porque no podrán pagar durante la cuarentena.
• Otro porcentaje de la población, incluso antes de la emergencia sanitaria, no contaba con un techo diario, por lo que estaban en situación de calle. Así es mucho más difícil acatar las medidas sanitarias y de aislamiento que dicta el decreto presidencial.

Ahora bien, si bien la institucionalidad y la cooperación internacional se han articulado para brindar ayuda humanitaria, es preciso señalar que además de eso, el JRS/COL en Cúcuta, ha empezado a identificar e implementar ayudas extraordinarias y complementarias que permitirán que mucha de la población que se venía acompañando desde antes de la emergencia no se quede sin techo, alimentación y controles en salud. Además en el marco de la emergencia sanitaria, las autoridades
territoriales decretaron que para evitar las aglomeraciones y el contagio, se ordenaba el cierre de dos comedores que apoyaban con almuerzos diarios entre 4.000 y 5.000 migrantes venezolanos.

Por otro lado, está el pueblo indígena binacional Yukpa, de carácter seminómada, cuyo territorio ancestral está ubicado a ambos lados de la frontera. Si bien esta comunidad llegó a Cúcuta en 2017, a asentarse en inmediaciones de la frontera debajo de un puente en el sector conocido como el Escobal, donde viven en situaciones críticas de salubridad, higiene y pobreza, a hoy siguen en el mismo sector y no son ajenos a esta emergencia de salud.

Desde el equipo territorial del JRS/COL se ha venido acompañando a esta población y el pasado 27 de marzo se precisó, de manera urgente, generar acciones con otras organizaciones y la institucionalidad del territorio, para llevar a cabo una jornada de atención humanitaria, dado que un miembro de la comunidad es positivo para COVID-19.

4. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
Datos clave de la configuración del territorio:

• El municipio de Buenaventura está ubicado en la Región Pacífico del país. Es la segunda ciudad más poblada del departamento del Valle del Cauca después de la capital.
• Según cifras oficiales, con corte de diciembre de 2019, en el departamento se encontraban 92.530 migrantes venezolanos, de los cuales 1.572 estaban en Buenaventura.
• La población migrante, debido a sus condiciones económicas, se ubica en zonas del Distrito que presentan mayores índices de vulnerabilidad y en las que grupos armados ilegales tienen control territorial.
• Según datos de la Unidad para la Atención a Víctimas, con corte de febrero de 2020, 280.581 personas en Buenaventura fueron víctimas del hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Buenaventura, y toda la región del Pacífico colombiano, ha sido víctima del conflicto armado interno. El territorio se ha caracterizado por una débil respuesta institucional, en términos de acceso a servicios públicos, educación y mínimos vitales. La región que es puerto y distrito hoy no tienen, en la mayoría de sus barrios y sectores populares, agua las 24 horas del día. “Algunos corregimientos tienen problemas de comunicación. Solo se hace por vía marítima. Así que cualquier inconveniente o epidemia que se focalice en esas ciudades va a ser dramático, por la sencilla razón que allí no hay elementos suficientes para atender a los enfermos”.

Además de estas particularidades, el equipo territorial del JRS/COL en Buenaventura, ha podido constatar dos particularidades más. La primera, está enfocada en que si bien, previo a la cuarentena proclamada a nivel nacional, el equipo regional acompañó a la población más vulnerable (con bonos de alimentación y alojamiento temporal), aún hay un porcentaje significativo de personas, en especial migrantes, que no tendrán donde alojarse. Estas personas necesitan salir a su trabajo informal para conseguir recursos con los cuales pagar los denominados ‘paga diarios’, que son habitaciones o
espacios dentro de una casa habilitados para hospedar.

Esta grave situación se agudiza aún más, porque no existe la posibilidad de que se trasladen a un albergue. En Buenaventura no existen y las habitaciones que los migrantes venían arrendando están cerrando, dado que no quieren prestar más el servicio por miedo a un contagio masivo. Esto ha llevado al equipo territorial del JRS/COL a coordinarse con la Iglesia Católica a través de Pastoral Social para entre otras, apoyar la iniciativa de alquilar una casa en Palmira que sirva para la estadía de la población vulnerable durante la emergencia sanitaria.

Por otro lado, evidencian una situación humanitaria crítica por el accionar de los grupos armados en la zona. En los últimos meses, en su objetivo de control territorial, han aplicado prácticas como el confinamiento que genera desplazamientos masivos. En este contexto, la comunidad indígena Valledupar que está mucho más cercana a Buenaventura que a Chocó, se encuentra desplazada, entrando a formar parte del grupo de población vulnerable en el contexto de la pandemia.

5. MAGDALENA MEDIO
Datos clave de la configuración del territorio:

• Barrancabermeja es un municipio del departamento de Santander, situado al noreste del país en la Región Andina. Es la ciudad más grande de la región del Magdalena Medio. Las condiciones de pobreza multidimensional son de 44%.
• La población acompañada en Barrancabermeja, se caracteriza por ser retornada o reubicada sin acompañamiento estatal. Se trata en su mayoría de habitantes de barrios legales e ilegales, entre ellos el asentamiento humano la Bendición de Dios. En las comunidades acompañadas, hay riesgo de nuevos desplazamientos, afectación de sus derechos, falta de acceso a servicios púbicos de primera necesidad riesgo de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niño, adolescente y jóvenes (NNAJ) por parte de grupos post desmovilización paramilitar y delincuenciales.
• Según cifras oficiales, en el departamento de Santander, con corte de diciembre de 2019, se encontraban 99.659 migrantes venezolanos, de los cuales 6.085 se encontraban en Barrancabermeja.
• En 2013, se identificaron cerca de 55 asentamientos humanos sin legalizar. Estos presentan un alto déficit en la prestación de servicios básicos, por parte del Estado, y son habitados principalmente por población desplazada y víctima del conflicto armado.

Si bien el municipio fue declarado en junio de 2019, Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso, a la fecha aún predominan comunas donde las condiciones básicas y de acceso a servicios públicas son precarias y donde además coincide que sus pobladores viven de actividades económicas informales y del día a día. Situaciones que ante la emergencia sanitaria del COVID 19 ya plantean retos importantes.

La población migrante residente en el municipio se encuentra asentada en zonas de alto riesgo, como por ejemplo la zona de Altos de Bellavista y barrios cuyo contexto y problemática están relacionadas con dinámicas violentas del territorio. Esto los expone a un alto grado de vulnerabilidad. Además, las condiciones de habitabilidad son muy problemáticas, en tanto se dan casos de hacinamiento en los que hay entre nueve y 11 personas viviendo en una misma habitación. Asimismo, hay viviendas en condiciones insalubres, con menores de edad de por medio.

En estos casos, el actuar invisible de la institucionalidad juega un papel bastante importante ya que no hay ninguna medida que permita mejorar estas situaciones, y menos durante esta emergencia sanitaria. Acceder a viviendas adecuadas, con servicios básicos, es todo un reto, en tanto los arrendamientos soy costosos. Casi imposibles de costear para esta población.

La población víctima del conflicto armado está expuesta a nuevos hechos de desplazamiento intraurbano. Por eso hay dos retos. El primero, es que la institucionalidad genere condiciones de seguridad que propendan porque estas personas no se vean obligadas a moverse de un barrio a otro en medio de la emergencia sanitaria; y el segundo, cómo integrar a la población migrante que se encuentra en el municipio. Como organización hay que seguir identificando e implementando las
mejores estrategias, atendiendo a los protocolos de seguridad, para dar continuidad a las iniciativas
productivas que ya se venían impulsando, seguir fomentando procesos de integración local y mantener la entrega de ayuda humanitaria, a través de bonos de alimentación y otras acciones que de manera articulada entren a apoyar la contingencia.

En ese sentido, recalcar la preocupación y retos adicionales que significa el poder llegar de manera oportuna a los asentamientos urbanos, donde confluye un grupo poblacional importante en medio de la pandemia. Si bien aún la Alcaldía Distrital aún no hace entregas puntuales de ayudas humanitarias, el equipo territorial se ha movilizado para poder hacer entrega de bonos alimenticios, pero donde además se está sujeto a que el establecimiento comercial con quien se tiene el convenio de entrega este todo el tiempo con víveres y de acuerdo a la tabla nutricional identificada desde el JRS/COL.