Informe # 2

La emergencia sanitaria producto del COVID 19, ha generado todo tipo de medidas del orden nacional y local, que han tenido como objetivo, el aislamiento obligatorio, como única alternativa para frenar la expansión rápida de la pandemia. Sin embargo, las disposiciones en temas de salubridad y las restricciones en la movilidad en contextos y poblaciones específicas, se han quedado cortas ante las realidades que viven los y las migrantes y refugiados venezolanos.

Si antes -al menos un porcentaje significativo de estos- vivían en condiciones de vulnerabilidad y precariedad en todos los niveles, la crítica realidad sanitaria los ha afectado aún más. Muchos de ellos viven del día a día, de trabajos informales, conviven hacinados en espacios muy reducidos o no tienen acceso a servicios públicos como el agua, un elemento vital durante esta pandemia.

Producto de estas medidas de cuarentena, y con el paso de los días, se ha comenzado a agravar la  situación de emergencia social que vive esta población. Esto puede verse en las movilizaciones en las que piden alimento, o en los desalojos ejercidos por los arrendatarios, por la incapacidad de pago de las personas. Dadas las medidas de distanciamiento social que no les permiten salir a trabajar para conseguir lo del sustento diario, los y las migrantes se han visto motivados a retornar a su país, sin contar con las medidas de seguridad sanitaria necesarias para desplazarse sin riesgos de contagio hacia Venezuela.

Las autoridades colombianas han implementado algunas acciones para mitigar los riesgos sanitarios de este retorno, sin que estas garanticen total protección. Pero la problemática se incrementa, debido a la iniciativa de las administraciones departamentales y municipales de ‘desencartarse’ de los y las  migrantes presentes en sus territorios, contratando buses para llevarlos hasta la frontera.

Dado el temor y la vulnerabilidad en que se encuentran los y las migrantes, regresar es una opción mucho más segura que quedarse en Colombia. Sin embargo, debido a la falta de información sobre la situación en Venezuela hay un percepción errada sobre el estatus del virus en el país. Se cree que no está avanzando allá.  El deseo de regresar podría interpretarse como ‘voluntario’, pero es importante resaltar que está condicionado por la situación de vulnerabilidad y desamparo en que se encuentran los y las migrantes.

Uno de los motivos de retorno es la incertidumbre que genera el cierre de la frontera y sus consecuencias sobre ellos y ellas. No obstante, hay mucha ilusión en la posibilidad de acceder a un corredor humanitario, pese a que no se tiene claridad de las condiciones de su funcionamiento y de la apertura del mismo, hay desconocimiento de las dificultades que se pueden vivir en el trayecto (debido a las medidas internas de cada territorio sobre toques de queda, cierre de fronteras y restricción en la movilidad, etc.) y las condiciones que encontrarán al llegar a Venezuela en aspectos como salud, alojamiento y alimentación.

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con testimonios de la población migrante y refugiada, es preciso señalar otros factores que aumentan el deseo de regresar a casa:  en un primer lugar, se encuentran los temores fundados -con antelación a la pandemia-, sobre lo que ha significado para ellos el goce efectivo de derechos en el país; segundo, porque las medidas tomadas por las autoridades, no han tenido en cuenta sus particularidades, sus condiciones de vida, las cuales a cambio y les han repercutido de forma negativa, llevándolos incluso a estar en condiciones de hambre, de habitabilidad de calle; y tercero, porque su movilidad, al no estar coordinada, entre los dos países, ni lo suficientemente informada, respecto de los desafíos de emprender un regreso en este momento, aunado a las condiciones preexistentes de salud, desnutrición y otros cuadros clínicos que presentan algunos de ellos, puede convertirse en un factor exponencial de contagio del virus, que afectará seriamente su vida y la de su entorno.

Si bien, estas argumentaciones son palpables en las conversaciones con la población, preocupa entonces cómo las autoridades territoriales gestionan esta salida masiva argumentando voluntariedad en el retorno, sin percatarse de los riesgos ni prever las condiciones del traslado. Es una realidad que estos traslados y movimientos de población, a pie, por las diferentes vías del país son contundentes y diarios. Si bien las autoridades en los puntos fronterizos en coordinación con organizaciones humanitarias y de sociedad civil, están previendo planes de respuesta para esta emergencia, es preciso entender que el desconocimiento de los factores a los que se está exponiendo a esta población puede ponerlos en una situación crítica de riesgo de vulneración de su vida y dignidad humana.

El JRS Colombia, con el ánimo de generar conciencia social sobre esta situación en particular, ha desarrollado un ejercicio de monitoreo y ha identificado las siguientes situaciones en pasos obligatorios hacia uno de los puntos fronterizos más transitados, para que sean tenidas en cuenta en la respuesta para con esta población:

1. Cierre de las fronteras terrestres en el departamento de Santander: Este departamento, y en especial su capital – Bucaramanga- es un punto de tránsito obligatorio para llegar hasta la ciudad de Cúcuta, esta posición, le ha significado varios retos, pues se ha conocido de conglomeraciones de población migrante y refugiada en espacios públicos, a la espera de poder salir del departamento y continuar su viaje hasta el punto fronterizo; han señalado, que estas personas, han llegado sin provisiones de alimentación, hidratación, kits de higiene, elementos de bioseguridad, lo que les genera mayores vulneraciones, pues han tenido que esperar horas para poder salir hacia la ciudad de Cúcuta, pues el departamento dentro de sus medidas de contención de la pandemia, generó cierre de sus fronteras terrestres. Si bien las gestiones, tanto de las autoridades locales como de las organizaciones humanitarias, han generado acciones para atenderlos, es una realidad que muchos de estos han tenido que pasar la noche a la intemperie y en condiciones poco óptimas para su salud.

2. Retornos no coordinados: Olvidando la obligación que tiene cada ente territorial de proteger a los ciudadanos nacionales y extranjeros que se encuentran en su territorio, el envío desmedido de buses
hacia el corredor humanitario, ha implicado:

• Creación de planes de emergencia adicionales de la mano de cooperación internacional, organizaciones humanitarias y autoridades locales que han tenido que unir capacidades para hacer frente a la afluencia de población, que ciertamente sobrepasa la capacidad del ente territorial. Según cifras institucionales se estima que han salido aproximadamente 12.000 personas hacia Venezuela.
• Concentración masiva de población en el punto fronterizo: Si bien existe un corredor
  humanitario en esa zona del país, este no está habilitado las 24 horas del día; de manera
  aleatoria y a diferentes horas es cerrado para hacer los respectivos lavados, y el horario de
  apertura del mismo también varía. En ese sentido resaltar que al no ser constante este paso,
  se ha presentado situaciones en las que la población ha tenido que dormir a la intemperie,
  esperando la hora en que el corredor se vuelva a habilitar.
• Población sin elementos de bioseguridad: Si bien, dentro del plan de emergencia que se está
  implementando contempla tamizajes iniciales, teniendo en cuenta las restricciones del
  corredor humanitario, se ha evidenciado población migrante y refugiada sin ninguna
  protección; esto genera impactos negativos en su salud y en las medidas de contención
  previstas para la propagación del contagio del COVID 19, pues el distanciamiento social es
  fundamental para su prevención y este no se está dando.

También constatamos situaciones difíciles en Venezuela al arribo de los retornados, monitoreadas por otros medios:

1. Tomás Guanipa, el embajador de Colombia designado por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, señaló en su red social: “luego de lograr pasar a Venezuela, la población es dejada en instalaciones escolares como liceos y colegios públicos, muchos de los cuales no tiene las condiciones mínimas de salubridad y ni de comodidad para que estén niños, mujeres embarazadas, ancianos y hombres sin ningún tipo de distinción”.

2. Según el Flash Update Nº 2 – (Venezuela, COVID-19) del 02 de abril de 2020: el 30 de marzo, una comisión de expertos de la salud para hacer frente a la pandemia del coronavirus, publicó los resultados de una encuesta nacional de impacto del COVID-19, en la que se reflejan fallas en la disponibilidad de insumos médicos y de higiene básicos en el sector salud, así como interrupciones en los servicios públicos de agua, electricidad, combustible y gas.

3. El director de FundaRedes, en entrevista con Migravenezuela, ha señalado que no hay suficientes pruebas de COVID-19 para los venezolanos retornados: las pruebas rápidas no son 100% confiables por lo que el diagnóstico está lleno de incertidumbre. Las pocas pruebas profundas tardan muchos días para que las lleven a Caracas, y esto genera que las personas con síntomas estén siendo ubicadas en espacios de alojamiento no aptos, en escuelas, liceos y universidades.

4. El director de FundaRedes señala que “no hay las condiciones mínimas en Táchira
para albergar a tantos venezolanos retornados»: En los municipios donde se ha buscado alojarlos no hay agua potable ni energía eléctrica. Las sedes no tienen duchas y se está afectando a las
comunidades aledañas, generando daños a la infraestructura.

En ese sentido, y con el firme propósito de aportar de manera contundente a la situación en particular, el JRS COL hace un llamado a las autoridades nacionales y locales, para que de manera decidida identifiquen acciones complementarias a las ya existentes, de tal modo que la población migrante y refugiada no se siga viendo doblemente afectada ni se vea obligada a retornar en las actuales condiciones de riesgo. El retorno no puede ser la alternativa para solucionar el reto que implica la presencia de migrantes.

Asimismo, y respetando el derecho al retorno digno que tiene esta población, esperamos que se logre de manera precisa entregar información clara y verás de las implicaciones e incertidumbres que implica su retorno, y a la vez, se brinden alternativas y oportunidades claras de ayuda. De tal forma que los y las migrantes cuenten con los elementos necesarios para la toma de una decisión sobre un eventual retorno. En todo caso, y si la decisión se inclina hacia el regreso al país, hacemos un llamado a que este se dé en las mejores condiciones humanas y se prevean acciones de protección durante el trayecto y al llegar a la frontera.

En la misma línea, y teniendo en cuenta lo señalado por las autoridades nacionales, por  algunas vías del país, se sigue movilizando – caminando- esta población intentando llegar a su país de origen, así que el llamado es a que de manera coordinada se redoblen esfuerzos para brindar garantías y protección a esta población, pues es una realidad que esta pasado, y una responsabilidad responder de manera contundente a la situación.

Finalmente, convencidos de la importancia del trabajo coordinado pero sobre todo responsable y respetuoso por los derechos humanos de la población, el JRS COL seguirá estando al servicio de los más vulnerables y trabajando de la mano con quienes le apuesten a acompañamientos con enfoque de protección. Asimismo, seguiremos atentos a hacer visibles las situaciones de vulneración de derechos para evitar que se repiten y propenderemos por que se cuente con políticas públicas que ofrezcan garantías claras para esta población, acorde con el ordenamiento constitucional y jurídico nacional, y  con la normativa internacional en la materia.