Informe # 3

Para nosotros,  el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS COL), organización humanitaria, que entiende su papel de complementariedad a la respuesta institucional, pero también enfocados en la misión de “acompañar, servir y defender a la población migrante o desplazada más vulnerable o en riesgo de estarlo”, ha buscado que de manera permanente se visibilicen situaciones particulares y se identifiquen procesos que propendan para que las condiciones de vida de la población que se acompaña sean cada vez mejores y cercanas a lo que como seres humanos tienen derecho.

En el marco de este ejercicio, el equipo territorial del JRS COL en Suacha, ha acompañado a la población migrante y refugiada venezolana que se moviliza caminando o en transporte de carga por algunas vías del país en busca de mejores condiciones de subsistencia. En este proceso el equipo pudo constatar que ya, antes de la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena nacional, en la ruta Bogotá – Ibagué, esta población estaba enfrentando riesgos constantes (en términos de salud, protección, seguridad) debido principalmente a la poca información y planeación de la migración, a vacíos institucionales de atención, a la poca capacidad de los municipios de tránsito (en especial los intermedios y pequeños) para la atención, así como la baja presencia de instituciones humanitarias que acompañen el recorrido y puedan ofrecer un lugar de descanso, aseo y alimentación.

En esa misma ruta, en este  tiempo de cuarentena nacional y de medidas de aislamiento preventivo obligatorio, el equipo constató que un número importante de individuos o familias -dentro de las que se encuentran muchos niños y niñas, incluso con pocos meses de edad- están retornando a Venezuela. En algunos casos vienen caminando desde otros países de la región como Ecuador y Perú, sin las precauciones que la emergencia sanitaria implica. Pero también, evidenció un porcentaje igual de significativo de esta población que, producto de las medidas de aislamiento preventivo, se ha visto obligada a moverse de las ciudades donde estaban viviendo y laborando a otras ciudades o poblaciones del país, en busca de trabajo, pues este, es la fuente principal para su sustento y el de sus familias. Llama la atención este flujo migratorio que no es de retorno sino de “desplazamiento interno” que supone una movilización dentro del territorio nacional en búsqueda de condiciones de vida y acceso a derechos mínimos para enfrentar la situación de emergencia sanitaria.

Las medidas de aislamiento obligatorio han generado todo tipo de situaciones de vulnerabilidad para esta población, que per sé, se encontraba en condiciones humanitarias precarias y ya enfrentaba vacíos en la respuesta institucional. Estas medidas cambiaron sus vidas. Con las calles vacías por la cuarentena, quedaron sumidos en la total precariedad y con pocas opciones de ayuda. Las historias de vida que los motiva a caminar en busca de nuevas oportunidades son muchas; en sus relatos y argumentos se siente el agotamiento de lo que ha representado la salida de su país, adaptarse a Colombia, y nuevamente obligados a moverse.

En diálogo con ellos/as salta a la vista que la principal razón por la que deciden emprender nuevamente el viaje está el de la necesidad de poder trabajar para conseguir dinero que les permita su manutención y la de sus familias. Los une el deseo de encontrar una mejor posibilidad en otras ciudades que perciben son más pequeñas y dónde aspiran será más fácil conseguir un empleo, ya sea en la recolección de café, cargando bultos en la plazas de mercado, el cuidado de fincas, etc.

Las siguientes situaciones críticas fueron recurrentes en ellos y ellas:

1. Fueron desalojados por los arrendatarios por no cumplir con el pago del alojamiento, a pesar del decreto presidencial que prohíbe estas acciones.
2. En su mayoría trabajaban en la informalidad, lo que implicó que dejaran de recibir ese recurso diario debido al aislamiento obligatorio.
3. Otros, que se dedicaban a trabajos como: auxiliares de mecánica, vendedores en almacenes, en cafeterías, restaurantes, cuidando niños, -entre otros – y cuyo pago era por horas, fueron despedidos, pues los establecimientos fueron cerrados.
4. Pese a la ayuda humanitaria de vecinos, por parte de algunas autoridades territoriales y organizaciones sociales, se vieron sin nada que comer y sin poder salir a buscar alimento.

Así mismo, durante el recorrido se pudieron identificar algunos riesgos, y no solo por el contagio del COVID-19, pues la mayoría no contaba con tapabocas, no mantenían el distanciamiento necesario, o lo más básico no se pueden lavar sus manos con agua y jabón de manera constante, tal como lo ha indicado las autoridades en salud. A lo anterior se suman otros riesgos  asociados a temas salubridad, pues se ven obligados a ubicarse en zonas poco adecuadas para descansar, dormir, cocinar y asearse, ya sea al borde de las carreteras, en pequeños planchones que dividen la vía de alguna fuente hídrica y/o en pastizales que separan las vías; riesgos en seguridad como por ejemplo ser víctimas de robo o de accidentes de tránsito; así como el riesgo latente de desescolarización de los niños, niñas adolescentes y jóvenes, pues si bien, algunos de ellos se encontraban estudiando, el salir a un nuevo rumbo les significó dejar su educación y romper nuevamente su ciclo de crecimiento estudiantil.

En ese sentido,  y movidos por las condiciones de vulnerabilidad a las que se está exponiendo esta población y en especial este perfil migratorio:

• Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales, para que de manera coordinada se identifiquen procesos integrales regionales, que propendan por salvaguardar los derechos fundamentales de esta población, de tal forma que encuentren bases para lograr una verdadera integración social y económica en los territorios.
• Reiteramos la invitación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución Nº 1 de 2020 donde recomienda – entre otras – a los Estados “Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen.”
• Alentamos a las Organizaciones Sociales, Organizaciones Humanitarias y Agencias del Sistema de Naciones Unidas, para que continuemos brindando respuestas a esta población, pues estas medidas sin lugar a dudas están favoreciendo de manera directa a esta población.

Finalmente y convencidos de la importancia de generar procesos de largo plazo, que trasciendan las situaciones de emergencia, el JRS COL, seguirá acompañando a esta población, movilizando acciones que materialicen la reconstrucción de sus proyectos de vida y la integración comunitaria, llegando a donde hay mayor necesidad y donde se pueda lograr mayor fruto y bien más universal.