Informe # 6

Buenaventura, 21 de septiembre de 2020. La cuarentena ha revelado dos situaciones en esta zona del país. Por un lado, se ha ratificado la presencia y accionar de grupos armados en la región, con la subsiguiente materialización de graves violaciones a los derechos humanos que se han venido evidenciando y, por el otro, los efectos de la pandemia profundizaron las ya preexistentes situaciones de vulnerabilidad de esta población, caracterizada entre otras, porque ha sido muy golpeada por la violencia, por la condiciones de precariedad institucional y por las barreras de acceso a derechos, bienes y servicios, primordiales para un contexto de emergencia sanitaria. Muchas de las poblaciones afectadas hoy por la violencia, ya han sido ya víctimas del conflicto armado antes, a lo que se suman los retos y desafíos que está implicando para esta población la prevención del contagio de COVID-19, puesto que la mayoría de familias atraviesan situaciones económicas precarias que los limitan seriamente para asumir las medidas preventivas y sanitarias necesarias para evitar el contagio del coronavirus. Estas realidades mencionadas repercuten con efecto cascada en los departamentos que conforman el Pacífico colombiano. Es un territorio que se caracteriza, entre otras cosas, por la fuerte desigualdad social y la persistencia de necesidades básicas insatisfechas en la población, base sobre la cual, hoy enfrentan situaciones graves que repercuten de manera directa en la afectación a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas y comunidades. 

Aunque los hechos de violencia armada son claramente visibles y crecientes, existe un subregistro de los mismos, pues la denuncia de los hechos victimizantes ha disminuido por el contexto de pandemia y de conflicto, y la falta de garantías en los dos niveles para denunciarlos. Esto, dificulta la respuesta institucional, dado que éste es un requisito obligatorio para la activación de la ruta de atención y reparación integral a las víctimas; así mismo, se evidencia una débil respuesta institucional que hoy está acompañada de una deuda histórica para con la población víctima del conflicto armado, consecuencias que se exacerban debido a los impactos en salud y socio-económicos que la pandemia ha traído. 

Persistencia de la violencia y el conflicto armado

En relación a lo anterior, señalar que en los últimos días han ocurrido varias situaciones puntuales y que entran a preocupar aún más pues la vida y bienestar  de estas poblaciones está en vilo; ejemplo de esto, han sido los cuatro eventos con artefactos explosivos que han sido lanzados en diferentes lugares de la ciudad de Buenaventura en el marco de cuarentena por el Covid 19,  el último, fue el ocurrido el pasado 2 de Agosto cuando fue lanzando un explosivo contra la Alcaldía de Buenaventura, al cual el mismo  alcalde municipal señaló que debió “haberse dado como una retaliación de grupos al margen de la ley que operan en Buenaventura» (Revista Semana, 2020) 

Así mismo, en comunicación firmada por el Alcalde Distrital de Buenaventura, dirigida a entidades como el Ministerio del Interior y el  Ministerio de Defensa Nacional,  éste hace un llamado sobre la necesidad de habilitar una mesa de seguridad para el Distrito, pues relata que “durante los últimos 4 meses, de manera simultánea a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, han padecido una oleada de hechos violentos que dejan entrever un fortaleciendo de las bandas criminales y la delincuencia común, asentadas en el territorio. Señala los continuos enfrentamientos entre bandas, asesinatos mediante retenes ilegales, persecución criminal,” entre otras situaciones. (Carta del Alcalde Distrital, julio 2020).  

Y es que dichas situaciones, llegan incluso hasta zonas rurales del municipio, según advierte en un comunicado el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), en el mes de enero (Renacientes, 2020), 13 comunidades negras del Consejo Comunitario del Río Raposo en zona rural de Buenaventura, fueron advertidas sobre una intención del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de tomar el control del afluente. Esto significaría enfrentamientos entre la Columna Jaime Martínez, quienes hacen presencia en la zona baja del Río hace más de 2 años y el ELN quienes hacen presencia intermitente en la zona alta del afluente desde finales de 2018. 

Bajo ese panorama, y sin desconocer que se puedan estar presentado otros hechos victimizantes con ocasión del conflicto armado tradicional o del resultado de la reconfiguración del mismo en el territorio, identificamos los siguientes hechos: 

1. Persiste el desplazamiento forzado y el confinamiento, asociado al conflicto armado: 

A principios de abril de este año, 74 familias de la comunidad Indígena Embera abandonaron sus hogares luego de que el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se enfrentaran en la zona. Se desplazaron a una comunidad cercana donde ahora duermen en el piso, en las casas de otras personas y/o en condiciones de hacinamiento. Frente a estas situaciones, Human Rights Watch en nota de prensa “Colombia debe proteger a los desplazados durante la pandemia. Comunidades afrocolombianas e indígenas” señalan que los desplazados internos en Colombia a menudo viven en condiciones de hacinamiento y con escaso acceso agua y alimentos y por lo general, tienen una precaria situación económica y están expuestas a mayores riesgos relacionados con el coronavirus (Human Rights Watch, 2020). 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) manifestó que hay reportes de comunidades indígenas en el Bajo Calima (Valle del Cauca) que intentan seguir la cuarentena, pero están en confinamiento por presencia de paramilitares. No tienen alimentos suficientes y sus cultivos se han perdido por la sequía.  

Un medio radial nacional, en artículo “Desplazamiento intraurbano en aumento por grupos armados” señala que la Unidad para las Víctimas reporta 8.130 eventos de desplazamiento forzado intraurbano ocurridos en 441 municipios de 31 departamentos. Buenaventura se registra el 82%, Medellín 5 % y Tumaco (3 %)” (Caracol radio, junio 2020).  

Desde finales del 2019, la comunidad Nonam Nuevo Haití, que habitaba en el Resguardo Santa María de Pángala, municipio de Istmina (Chocó), tuvo que desplazarse a Buenaventura e Istmina por confrontaciones entre Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); se desplazaron cerca de 16 familias (más de 100 personas), de las cuales 11 se asentaron en Buenaventura. (Contagioradio. 2020)  

2. Se mantiene el reclutamiento de niños, niñas y adolescente (NNA) para el conflicto armado:

En el ejercicio de monitoreo desarrollado desde el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia –COALICO– se identificó que el reclutamiento forzado durante el primer semestre del año aumentó 113%, con respecto al 2019, en todo el país. La falta de clases presenciales, las dificultades para acceder a educación virtual en territorios rurales, la carencia de recursos para la recarga de celulares y la necesidad de apoyar económicamente a sus familias en tiempos de crisis sanitaria, ha incrementado el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados como el ELN, otras disidencias y grupos paramilitares presentes en la zona.  

Es preciso señalar, que incluso antes de las medidas de cuarentena nacional, en términos de acceso a educación ya venían presentado dificultades; en una misión humanitaria realizada en  el mes de enero por organizaciones que hacen presencia en el territorio, a través los ríos Naya, Yurumangui, Cajambre, Raposo y Calima – zona rural de Buenaventura-,  identificaron “centros educativos en mal estado, algunos fueron demolidos de manera innecesaria y las obras proyectadas nunca se ejecutaron, obligando a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a ser trasladados a lugares no adecuados como centros de acopio y casas de familia, así como escuelas afectadas por proyectiles del Ejército en su enfrentamiento con la insurgencia.” (Cuarto Poder, 2020) 

A nivel Nacional, dentro de los departamentos con más casos de NNA afectados por estas causas se encuentran el Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño. Los líderes de comunidades indígenas de la región han manifestado su preocupación por el reclutamiento de niñas. Esto ha generado que las familias opten por el confinamiento como medida preventiva para evitar estas dinámicas en sus comunidades.  

Claro ejemplo de que NNA están expuestos a prácticas y dinámicas de violencia, es el hecho reciente, ocurrido en Cali, donde la vida de cinco menores resultó comprometida en hechos que aún están en investigación, pero que según señalan el diario El Tiempo (nota de prensa 12 de agosto), unas de las hipótesis sobre la masacre, estaría relacionada con un supuesto reclutamiento por parte de bandas delincuenciales y criminales en el oriente de Cali. En esta hipótesis también aparece el elemento de que los habrían asesinado por no acceder a las intenciones de estos grupos para que fueran parte de los mismos.  

Estas situaciones en Buenaventura tanto en zona rural como en zona urbana, han sido advertidas en espacios de articulación por varias organizaciones y por la Defensoría del Pueblo, estos últimos al finalizar el año 2019, advirtieron la situación en una alerta temprana que contemplaba cinco comunas y 20 barrios del Puerto, en donde se ha denunciado la presencia de disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN; sin embargo y con preocupación, el personero de Buenaventura en una entrevista al diario El Tiempo, desarrollada en febrero de este año, señala que  “a finales del año pasado, entre los meses de septiembre y octubre, habían rumores de intentos de reclutamiento en barrios como Antonio Nariño o Cascajal, pero en lo corrido de este 2020 no hemos recibido quejas de manera formal”, lo que puede significar, que es tal el miedo a la denuncia y a las retaliaciones, que es mejor no hacer visibles dichos casos. 

3. Se evidencian otro tipo de hechos violentos en los territorios:asesinatos y desapariciones

En lo que va corrido del año, 135 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en Colombia. Según el monitoreo realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (INDEPAZ) nueve líderes han sido asesinados en Valle del Cauca, en ciudades como Palmira, Cali y Bolívar, y cerca de otros nueve en el Litoral Pacífico. Vale la pena mencionar que, durante el primer semestre de este año, se han recrudecido las amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en el Distrito de Buenaventura. 

En el Distrito de Buenaventura la violencia urbana se ha recrudecido y las situaciones de riesgo, tanto para la población migrante como para la comunidad de la zona. El Equipo Regional del JRS/COL en el Valle del Cauca, tiene conocimiento de la desaparición de un ciudadano de nacionalidad venezolana, desde el pasado 7 de abril, lo cual preocupa pues lleva a pensar en que estos delitos contra la libertad puedan volverse presentar en la zona. Esta situación, aunado a videos que circulan por redes sociales en los que al parecer están integrando grupos armados, es muestra de que la población migrante se ha visto visiblemente afectada y permeada por el conflicto armado.  

Pandemia del COVID – 19 en el trastorno de una historia de necesidades básicas insatisfechas

El panorama ya presentado implica retos importantes y evidencia los vacíos institucionales en términos de prevención, protección y garantías de no repetición en el marco del conflicto armado. Si a esto sumamos, la debilidad institucional en la respuesta para la contención del COVID-19, estamos frente a un escenario donde la vulnerabilidad preexistente de las poblaciones se seguirá elevando gravemente.  

En el corregimiento de La Delfina, en Buenaventura, el Equipo Regional del JRS/COL pudo evidenciar que la comunidad ha venido definiendo sus propios protocolos de bioseguridad. Se han organizado internamente, a través de la Guardia Indígena del Resguardo Nasa Kiwe, para tener controles sanitarios en el ingreso y salida de la comunidad. Asimismo, vienen realizando un estricto proceso de información y desinfección, en el que se combina el uso de plantas medicinales ancestrales y de las medidas establecidas por las autoridades en salud.  

Pese a esta iniciativa de organización comunitaria, las personas no cuentan con elementos de bioseguridad tales como tapabocas, desinfectante o alcohol, para prevenir la propagación del virus. Es por esto que la Guardia Indígena ha solicitado apoyo, tanto al gobierno local como al departamental, y a diferentes organizaciones humanitarias para continuar con la gestión autónoma de protección del territorio.  

Sumado a esto, el Resguardo Nasa Kiwe, así como de la población afrocolombiana que reside en La Delfina y cercanías, reportan una disminución significativa de la actividad económica. Ahora, por las restricciones de movilidad y de distanciamiento social, muchas familias han dejado de recibir ingresos, algo que les permitía suplir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Por esta razón, líderes y lideresas del territorio han venido movilizando acciones de gestión para contribuir, tanto como sea posible, en la asistencia humanitaria de quienes se han visto afectados y afectadas.  

Según un informe realizado este año por CODHES – Oficina de Buenaventura (2020), denominado “Situación de las víctimas en Buenaventura en Crisis de Coronavirus”, señalan que miembros del Resguardo Humanitario Biodiverso Santa Rosa de Guayacán ubicadas en el Bajo Calima se encuentran en confinamiento como resultado de la presencia de grupos paramilitares, lo cual ha generado desabastecimiento, a lo que se suma la perdida de sus cultivos por temas climáticos. Así también, señala que la comunidad Unión Agua Clara se encuentra sin acceso a agua potable (lo que ha generado enfermedades gastrointestinales y brotes en la piel) y sin atención médica, dado que en esta comunidad no cuentan con un centro de salud, por lo que se puede inferir que están mucho más vulnerables al contagio y no cuentan con elementos mínimos para la prevención del mismo. 

Otro de los desafíos que ha implicado esta pandemia, está relacionado con el goce efectivo del derecho a la educación que se enlaza con la conectividad. Si bien, el derecho a la educación ha sido uno de los más vulnerados antes de la pandemia, la población del Pacífico colombiano, en el contexto de la emergencia por el COVID 19, ha terminado de profundizar esta situación. EL 90% de las comunidades del Pacífico, no cuenta con servicio de internet, los estudiantes carecen de equipos tecnológicos que permitan acceder a este servicio, por lo cual se hace imposible avanzar en la estrategia de clases virtuales. 

Por su parte, en el Distrito de Buenaventura, la población no cuenta con acceso a agua durante las 24 horas del día. La mayoría de los barrios cuentan con agua solo tres días a la semana.  Esto hace que el lavado de manos con frecuencia, como medida de prevención para contagio del virus, orientadas por el Gobierno Nacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sea complejas para la mayor parte de la población bonaverense, aumentando así el riesgo (Cf. CODHES 2020).     

El contexto actual también ha venido agudizando las dificultades en el acceso a salud que se han presentado históricamente en Buenaventura debido a la ausencia de promotores de salud, la no garantía de instrumentos médicos para la atención, la toma de muestras y análisis de resultados y el estado precario de la infraestructura y la dotación en los hospitales de la red pública del municipio.   

De acuerdo con el documento “Los desafíos de Buenaventura frente al COVID-19″, realizado por Pares – Fundación Paz y Reconciliación (2020), actualmente Buenaventura no cuenta con la capacidad para responder a un posible contagio masivo, dado que Víctor Vidal, alcalde de la ciudad, recibió una red de atención en salud que solo cuenta con dos centros hospitalarios para atender emergencias.  

Para entender los desafíos que tiene el municipio para enfrentar la pandemia en materia de salud, se identificó que en el Hospital Luis Ablanque de la Plata, prestador de servicios de salud de baja y mediana complejidad, solo cuenta con 102 camas y dos ambulancias para traslados. De estas, 23 se dispusieron de manera primordial para atender pacientes COVID-19. La Clínica Santa Sofía, que pertenece a un IPS privada, está colapsada por el gran número de pacientes, lo que ha incrementado la precariedad en la atención por parte de especialistas, según han denunciado los pacientes.  

El acceso al derecho a la salud es más complejo para la población migrante forzada que habita en Buenaventura. La mayoría se encuentra en condición de irregularidad, lo cual es una gran barrera de acceso a este servicio. Sumado a ello, el colapso de los dos hospitales con capacidad de atención a emergencias, servicio al que puede acceder todo ciudadano independientemente de su nacionalidad, hace más notorio el vacío de protección. Aunado a ello, se han identificado casos de familias en las que alguno o alguna de sus miembros tienen enfermedades crónicas, que requieren tratamiento, pero ha sido difícil acceder o dar continuidad a los controles y medicamentos debido a la saturación del sistema.  

También se ha reconocido que, usando la pandemia como pretexto, a algunos bebés nacidos en hospitales de Buenaventura no les han dado su certificado de nacido vivo. Lo que supone una grave vulneración a los derechos del menor de tener registro para la garantía de acceso a sus derechos fundamentales. 

Finalmente, en lo que respecta a la economía de la población bonaverense, las dificultades para la generación de ingresos se han visto agudizadas como resultado de las medidas tomadas por el gobierno nacional y local para la prevención del virus, tales medidas como el distanciamiento social y los toques de queda, han afectado a las personas que se encuentra en la informalidad que equivalen aproximadamente al 50% de la población en edad para trabajar en Buenaventura, lo cual es alarmante dado que la capacidad institucional para responder a la coyuntura económica y social está limitada por la falta de recursos de la Alcaldía.  

Frente a esta situación, se ha identificado que la población migrante forzada tiene en su mayoría empleos informales relacionados con ventas ambulantes y de alimentos, así como el empleo por horas en restaurantes y otros comercios. Debido a la situación de aislamiento y cierre del sector comercio ordenada por el Gobierno Nacional, no se les ha permitido trabajar o seguir con sus actividades diarias que les permite conseguir su sustento, o en algunos casos, se ha disminuido drásticamente sus ingresos; circunstancias que han conllevado, por la escases y priorización de los recursos que tienen, a que sean desalojados de su lugar de residencia, dado que no tienen como pagar los servicios y/o el arriendo. 

A manera de conclusión

Todos los escenarios presentados dejan en evidencia la necesidad de identificar medidas de corto, mediano y largo plazo, y en los distintos sectores que como sociedad se requieran, de modo que se superen en conjunto las condiciones estructurales de vulnerabilidad que han exacerbado las profundas afectaciones por la pandemia y que superen medidas securitistas aisladas de acciones sociales e institucionales que lleven a un goce efectivo de derechos. 

Reconocemos que será todo un reto institucional poner en marcha un proceso que promueva el crecimiento y desarrollo socio-económico que, a su vez, mantenga la identidad y cultura local; sin embargo, conocemos de primera mano, pues llevamos 14 años acompañando el territorio, que se cuenta con un potencial social y organizativo resiliente, los cuales serán pieza fundamental en el proceso de consolidación de un territorio garante de derechos.  

En ese sentido, desde el JRS COL a través de su equipo territorial en Buenaventura, seguiremos acompañando y promoviendo acciones que permitan fortalecer el tejido social, visibilizar ante las autoridades competentes los riesgos y vulnerabilidades a las que están expuestas las comunidades y en ese sentido, brindar una respuesta integral que empiece desde lo humanitario pero que trascienda en la consolidación de apuestas locales para la defensa del territorio, la construcción de paz, y la identificación de planes de vida y de integración comunitaria. 

Referencias

Revista Semana, (02-08-2020) Investigan atentado contra Alcaldía de Buenaventura https://www.semana.com/nacion/articulo/atentado-alcaldia-de-buenaventura–noticias-hoy-colombia/691201 

Renacientes – (01-02-2020) Las comunidades del Río Raposo zona rural de Buenaventura se encuentran en riesgo, por posibles enfrentamientos entre el ELN y la columna Jaime Martínez https://renacientes.net/blog/2020/01/06/las-comunidades-del-rio-raposo-zona-rural-de-buenaventura-se-encuentran-en-riesgo-por-posibles-enfrentamientos-entre-el-eln-y-la-columna-jaime-martinez/ 

Human Rights Watch (05-11-2020) Colombia debe proteger a los desplazados durante la pandemia Comunidades afrocolombianas e indígenas están particularmente en riesgo https://www.hrw.org/es/news/2020/05/11/colombia-debe-proteger-los-desplazados-durante-la-pandemia 

Contagioradio, (04-08-2020) Guerra y Covid-19, comunidades indígenas y afro bajo doble confinamiento en Valle del Cauca https://www.contagioradio.com/guerra-y-covid-19-comunidades-indigenas-y-afro-bajo-doble-confinamiento-en-valle-del-cauca/ 

El Espectador (17-05-2020) Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia, https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/falta-de-clases-aumento-el-reclutamiento-forzado-en-colombia-articulo-919732/  

Cuarto Poder (14-02-2020), El Pacífico colombiano: la reactivación del conflicto y el abandono de sus comunidades, https://www.cuartopoder.es/internacional/2020/02/14/el-pacifico-colombiano-la-reactivacion-del-conflicto-y-el-abandono-de-sus-comunidades/ 

El Tiempo (12-08-2020), Primeras hipótesis de la masacre de cinco menores de edad en Cali, https://www.eltiempo.com/colombia/cali/estas-son-las-hipotesis-por-masacre-de-cinco-menores-en-cali-528466 

CODHES – Oficina Buenaventura (2020) Situación de las víctimas en Buenaventura en Crisis de Coronavirus. En: https://codhes.files.wordpress.com/2020/04/situacic3b3n-de-las-vc3adctimas-en-buenaventura-en-crisis-de-coronavirus-3.04.20.pdf 

Caracol Radio, (19-06-2020) Desplazamiento intraurbano en aumento por grupos armados https://caracol.com.co/radio/2020/06/19/judicial/1592596199_369486.html 

Fundación Paz y Reconciliación – PARES (2020) Los Desafíos de Buenaventura frente al Covid-19. En: https://pares.com.co/2020/03/28/los-desafios-de-buenaventura-frente-al-covid-19/