COMUNICADO: Protección para los migrantes que caminan por un futuro mejor

Cúcuta, 18 de diciembre de 2020 (@JRSCOLOMBIA). Para la población migrante forzada venezolana la vía que comunica Cúcuta con Bucaramanga continúa siendo el escenario en el que confluyen miles de historias de vida que coinciden en la búsqueda de un mejor futuro y el deseo de sobrevivir.

En cada paso, aproximadamente 600 migrantes forzados venezolanos diariamente arriesgan todo por transitar por las carreteras del país, por lo que enfrentan riesgos asociados a la vía, a la seguridad alimentaria y al clima implacable. La vía y el tránsito por ella son un escenario en el que la vulnerabilidad de la migración forzada aumenta enormemente, lo cual parece ser ignorado pues las autoridades con competencia en la materia no gestan condiciones de manera decidida y contundente a fin de que exista una alternativa distinta para ellos y ellas que caminar.

El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, en su misión de Acompañar, Servir y Defender a los más vulnerables o en riesgo de estarlo, ha desarrollado diversas misiones humanitarias en esta vía, con el fin de extender una mano solidaria a los hermanos venezolanos. En el marco de estas, el pasado 10 de diciembre, el Equipo Regional de Norte de Santander pudo escuchar diversos relatos de esta población, en los que se evidenció que, debido a algunas medidas como retenes policiales y prohibiciones a las empresas de servicio público para transportar población migrante forzada venezolana, los han obligado a movilizarse en largas caminatas para llegar hasta sus lugares de acogida. Esta situación es aún más grave cuando la negativa se da, así las personas cuenten como pasaporte o con Permiso Especial de Permanencia – PEP-.

Si bien, algunos migrantes forzados manifestaron haber accedido a medios de transporte público, señalan que no ha sido posible acceder a trayectos directos que los dejen en sus ciudades de destino, por lo que han tenido que fraccionar sus traslados; aunado a lo anterior, manifiestan haber sido tratados de forma fuerte e irrespetuosa por parte del personal de las empresas transportadoras. Estos hechos deben ser rechazados contundentemente, pues tan solo ahondan en una cultura de xenofobia que reproducen estereotipos difíciles de dejar atrás.

Así mismo, y con total preocupación, el Equipo Territorial del JRS/COL en Magdalena Medio acompañó el pasado 12 de diciembre en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja a un grupo de 200 migrantes de un total de 600 que, en 18 buses, el día anterior, se encontraban en tránsito a la altura del peaje Sogamoso, en busca de llegar hasta la frontera con Ecuador, hasta que en controles de la Policía Nacional fue detenido su paso, generando que un porcentaje de ellos empezara a caminar para llegar a su destino.

En voz de los mismos migrantes forzados, encontraron como única posibilidad para llegar hasta su lugar de destino, la contratación de ese medio de transporte desde Cúcuta para ser trasladados posteriormente a Barrancabermeja a través de promesas y viajes que finalmente los llevarían al sur del país o a Ecuador. De acuerdo con la declaración de las autoridades, dichos buses no contaban con los permisos de movilidad requeridos para prestar el servicio de transporte y los y las ciudadanas venezolanas no contaban con las mínimas medias de bioseguridad.

Con motivo de lo anterior, y con el ánimo de contribuir en la identificación de medidas que respondan a las realidades de la población migrante forzada venezolana, desde el JRS Colombia nos permitimos emitir las siguientes recomendaciones:

1. Al Gobierno Nacional, que actuando bajo su obligación de ofrecer protección internacional y de ser garante de derechos, desarrolle un ejercicio de monitoreo constante sobre las situaciones particulares a las que se está exponiendo la población migrante forzada y, en concordancia con esto, impulse medidas que garanticen protección en todo el territorio nacional.
2. A las autoridades nacionales con competencia, para que, en coordinación con los entes territoriales, se identifiquen acciones, campañas y demás mecanismos, con el fin de propender porque se reconozca la validez de la documentación generada en los procesos de regularización, para el acceso a bienes y servicios, como la compra de pasajes de transporte.
3. Al Gobierno Nacional, que tenga en cuenta las realidades socioeconómicas de los migrantes forzados venezolanos, para que identifique medidas estructurales que no restrinjan la posibilidad de movilizarse por el territorio colombiano de manera segura, esto con el objetivo de evitar que esta población se exponga a riesgos adicionales. En Colombia es necesario entender que somos un país de tránsito y acogida para la migración forzada proveniente de Venezuela, y que tienen derecho a migrar de su país para conseguir un mejor futuro.
4. A la sociedad en general, dejar de lado el trato discriminatorio hacia los ciudadanos venezolanos que acceden al territorio colombiano y, además, se movilicen a acciones hacia una cultura de la hospitalidad.
5. Impulsar propuestas como los centros de recepción y de reubicación humanitaria de los migrantes hacia las ciudades y lugares donde cuentan con sus redes de apoyo. De igual manera, instar ante las autoridades locales la facilitación de las muestras de hospitalidad que organizaciones de la sociedad civil han desplegado en la vía.

Como organización humanitaria, que actúa bajo los principios de neutralidad e imparcialidad, seguiremos desarrollando de manera complementaria las acciones del Estado, misiones humanitarias y acompañamiento integral, pues consideramos que más que migrantes, son seres humanos con necesidades apremiantes y con un futuro por desarrollar.

Asimismo, creemos firmemente que, si se identifican medidas institucionales coherentes y coordinadas entre los diferentes sectores y las autoridades territoriales, situaciones como las que hoy está viviendo esta población, podrán verse subsanadas de la mejor manera y, sobre todo, se les estarán garantizando la protección y el acceso a los derechos fundamentales. Facilitar el tránsito evitará aglomeraciones en municipios y en carreteras, y se prevendrán posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes forzados venezolanos.