Informe #3- 2021

El conflicto armado interno sigue siendo una constante para las comunidades en Buenaventura.

El conflicto armado interno sigue afectando al Pueblo Indígena Wounaan Nonan y al Consejo Comunitario de la comunidad negra de la cuenca baja del río Calima, en el municipio de Buenaventura

Buenaventura, 15 de diciembre de 2021. @ColombiaJRS. Durante el último trimestre del año, en Buenaventura, la materialización de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno ha sido una constante. Situaciones como, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos individuales, casos de desaparición forzada, urbanización de la guerra, incursiones armadas en territorios sin histórica presencia de la violencia, son algunos ejemplos de cómo las comunidades sufren el horror de la guerra, pues son vulnerados sus Derechos Humanos y expuestos a riesgos constantes, además de la infracción constante de las normas dispuestas por el DIH por parte de los grupos armados no estatales.

Con  estas realidades y como organización humanitaria de la iglesia católica, que acompaña a los más vulnerables bajo principios de humanidad e imparcialidad, desde el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia JRS/COL, queremos hacer un llamado especial a las autoridades locales y nacionales, para que actuando en el marco de sus competencias, identifiquen de manera decidida acciones estructurales en materia de prevención, protección y garantías de no repetición, de modo que el recrudecimiento de la violencia que actualmente golpea a Buenaventura cese, pues las comunidades no aguantan más situaciones que los ponga en riesgo y vulneración.

De acuerdo a lo anterior, queremos resaltar, cómo las comunidades que históricamente han sido golpeadas por la violencia como lo es el Resguardo Humanitario[1] Santa Rosa de Guayacán del pueblo indígena Wounaan Nonan y las comunidades de El Guadual, Ceibito y La Esperanza del Consejo Comunitario del corregimiento de Bajo Calima, viven en constante riesgo, pues toman cuerpo una y otra vez el desplazamiento forzado, el confinamiento, el control social, entre otros.

Los hechos más recientes fueron los acontecidos durante los días 24 y 26 de noviembre, cuando en promedio unas 370 personas[2] salieron desplazadas y arribaron al casco urbano de Buenaventura para salvaguardar sus vidas, pues los enfrentamientos entre los diferentes actores armados no estatales presentes en la zona y la fuerza pública fue de tal magnitud, que al verse en medio del fuego cruzado deciden salir como medida de autoprotección.

Cabe señalar, que, de manera previa al hecho de desplazamiento, se presentó una constante presencia de los actores armados no estatales al interior del Resguardo Humanitario, solicitando elementos para la navegación, citándolos a reuniones, solicitándoles información, entre otras. Esta misma dinámica la vivieron las comunidades del Consejo Comunitario, quienes se encuentran ubicados en inmediaciones del Resguardo, los cuales, de hecho, ya habían buscado refugio en esta comunidad días antes, cuando los actores armados no estatales incursionaron en su territorio.

Si bien, unos optaron por desplazarse, otros se mantienen en confinamiento por temor a quedar en medio de los enfrentamientos, lo que ha generado vulneraciones mayores, pues el derecho a la libre movilidad se está viendo coartado, así como el derecho a satisfacer sus necesidades básicas e incluso culturales, en tanto no han podido realizar sus actividades diarias alrededor de la cacería, la pesca y sus cultivos de pan coger.

Sumado a esto, las comunidades han sufrido graves afectaciones debido a la temporada invernal, la cual ha ocasionado inundaciones, generando daños en sus viviendas y recrudeciendo la crisis humanitaria con la que ya viven estas poblaciones.

  • Respuesta Institucional:

De acuerdo a las conversiones que el equipo regional en Buenaventura del JRS/COL sostuvo con algunos líderes y autoridades, se logró identificar que una vez estas comunidades arribaron al municipio, la Alcaldía Distrital de Buenaventura las ubicó temporalmente en los barrios Olímpico y R9 de la siguiente manera:

Resguardo Humanitario Santa Rosa de Guayacán

Actualmente la comunidad del Resguardo Humanitario se encuentra ubicada en la caseta comunitaria del barrio Olímpico. De acuerdo con el censo brindado por las autoridades se estiman que son aproximadamente 27 familias caracterizados de la siguiente manera:

Familias Menores de 5 años Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 a 19 años Hombres Mujeres Mujeres Gestantes Adultos mayores
27 38 62 26 21 4 4
TOTAL PERSONAS 147

 

Consejo comunitario de la comunidad negra de la cuenca baja del río Calima

Las comunidades de Ceibito, Guadual y La Esperanza se encuentran ubicadas en la caseta comunitaria del barrio R9. Según información brindada por los líderes comunitarios, allí se alojan 88 familias que se caracterizan de la siguiente manera:

Comunidad  Familias  Niñas Niños  Jóvenes  Hombres  Mujeres  Mujeres 

gestantes 

          13 11 1
Ceibito  13 38 10 7 22 21 2
Guadual  31 80 14 6 10 32 6
La Esperanza  44 103 28        
TOTAL PERSONAS 221

 

Si bien, el JRS/COL resalta la respuesta brindad desde la Administración Municipal al hecho, en las visitas realizadas posteriormente a los lugares de asentamiento de las cuatro comunidades, se hace necesario hacer un llamado para que en su conjunto el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV- ponga en marcha una respuesta coordinada, garante de derechos en tanto se pudo constatar necesidades apremiantes en torno a:

  1. PROTECCIÓN:

  • El sector en el que se encuentran hospedadas las comunidades, se presentan graves problemas de seguridad debido a la presencia de grupos y bandas delincuenciales que se disputan el control territorial y se enfrentan ocasionalmente en el sector, lo que ha generado que las familias deben cumplir un estricto horario de salida y llegada al lugar. Además, el transporte público comúnmente no llega hasta la zona, por lo que deben caminar y salir siempre acompañados.
  • Las comunidades de La Esperanza, Ceibito y Guadual requieren acompañamiento jurídico para la declaración de los hechos que dieron origen a su desplazamiento masivo de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1448 de 2011.
  • Activación del Plan de Contingencia ante la Emergencia, de modo que se logre la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones en situación de riesgo.

 

  1. ALBERGUE, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN:

  • Los dos lugares adaptados como albergue no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad como el flujo normal de agua ya que, no se tiene una motobomba que abastezca los tanques de almacenamiento, dichos tanques o baldes de recolección de agua lluvia incluso son insuficientes.
  • El techo de las estructuras presenta graves condiciones de filtración de agua durante las lluvias; se han llegado a presentar inundaciones al interior de los lugares, generando caídas e imposibilidad de descansar. Esta condición se ve agravada por las fuertes lluvias que ha traído la temporada invernal.
  • La alimentación es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de nutrición de todas las personas, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes – NNAJ-, mujeres gestantes y adultos mayores.
  • La dotación para la cocina y el menaje, no es suficiente y se exponen a riesgos a la salud e higiene además de las complejidades de comer a tiempos y en cantidades adecuadas.
  • En el lugar en que se encuentra la población indígena se cuenta con un número insuficiente de baños (2) para las 147 personas que allí se encuentran. Asimismo, la caseta del barrio R9 solo cuenta con un baño funcionando que resulta insuficiente para las 221 personas alojadas en este punto.
  • Se presenta hacinamiento, pues los lugares de albergue son muy reducidos en proporción al número de personas que allí se encuentran.

 

  1. SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA:

  • Se evidenciaron NNAJ y adultos con afectación directa a su salud con síntomas como tos, diarrea, fiebre, y malestar general.
  • Agotamiento físico y mental.

Tratándose de sujetos de especial protección, el marco normativo nacional ha previsto una respuesta diferenciada en la asistencia, atención y reparación integral a los pueblos y comunidades étnicas, a razón de ello y tomando como base el sentir y las condiciones en las que hoy se encuentran, consideramos necesario que se fortalezca un compromiso mayor por parte de las autoridades locales, ya que de lo contrario, estas comunidades mantendrán un riesgo constante hacia su integridad y seguridad que puede afectar sus proyectos de vida.

En ese sentido y actuando bajo la misión de acompañar, servir y defender, el JRS/COL a través del equipo regional en Valle del Cauca, seguirá acompañando a estas comunidades, y en general a la comunidad bonaverense, a través del desarrollo de procesos que promuevan el fortalecimiento comunitario y la integración local como aportes para avanzar en la consolidación de sus proyectos de vida y defensa de sus derechos fundamentales.

A razón de ello, y entendiendo que como organización social, complementamos la respuesta estatal, instamos a las autoridades locales y nacionales correspondientes para que se implementen estrategias en perspectiva de garantías de no repetición que eliminen el círculo de la violencia que tanto ha golpeado al territorio de Buenaventura, además, porque en atención al llamado que nos hacen las comunidades afectadas, podrían materializarse nuevos desplazamientos masivos de poblaciones aledañas de la zona, por las mismas situaciones presentadas en el mes de noviembre.

 

[1] Medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 3 de junio de 2011 – MC 355/10 -21
[2] 147 personas desplazadas del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán y 221 personas de las comunidades de El Guadual, Ceibito y La Esperanza que hacen parte del consejo comunitario ubicado en la cuenca del Bajo Calima

 

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