Informe # 7

Cúcuta, 28 de octubre de 2020 (@ColombiaJRS). El pueblo indígena Yukpa es una comunidad semi-nómada que durante generaciones ha vivido entre Colombia y Venezuela, pues ancestralmente sus resguardos han estado ubicados entre la división administrativa de los dos países[1]. Al ser binacional, en los últimos años, la comunidad ha transitado hacia el lado colombiano debido a la compleja crisis socioeconómica que vive el vecino país, la cual imposibilita la satisfacción de necesidades básicas, entre ellas, el acceso a la alimentación, a la salud y protección.

Este pueblo llegó hacia finales del 2017 a la ciudad de Cúcuta, ubicándose en la zona de la terminal de transporte terrestre municipal, pero luego se ubicaron en vía pública del barrio Nuevo Escobal (Cúcuta), específicamente en los alrededores del Puente Internacional Francisco de Paula Santander (Cúcuta-Ureña) y la cuenca del río Táchira, exponiéndose a riesgos asociados al conflicto armado y a situaciones críticas de salubridad y de seguridad alimentaria.

Hoy, luego de casi tres años desde su llegada al país, este pueblo se encuentra en vulnerabilidad prolongada, puesto que una parte de su comunidad aún se encuentra ubicada en la ribera del río Tachira, en donde las condiciones de sanidad, acceso a servicios públicos y condiciones de seguridad no garantizan una vida digna, un desarrollo de sus medios de vida, ni la preservación de sus tradiciones y cultura.

Los Yukpa se encuentran viviendo en cambuches construidos con plástico, piedras y palos, expuestos a inundaciones con la creciente del río, a dinámicas de violencia urbana en las que han quedado en medio del fuego cruzado de  actores armados que  se disputan el control de esta zona estratégica para el desarrollo de actividades económicas ilegales, con escasa alimentación y propensos a todo tipo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales que afectan mayormente a niños, niñas y mujeres gestantes. En similares condiciones se encuentran otros dos grupos que se han ubicado en un terreno abandonado (antiguo IDEMA) en el municipio de Tibú y, un grupo menor, en El Tarra y San Pablo (Municipio de Teorama).

Desde la fecha en que la crisis venezolana los obligó a cruzar la frontera, se han convertido en objetivo de “retornos voluntarios” (2017) y desalojos masivos (2018) que desconocen su identidad como pueblo indígena binacional (2018). Con la pandemia su situación ha pasado a ser más aguda. Además de la estigmatización por la presencia de un caso positivo de covid-19, han sido afectados por las políticas de aislamiento obligatorio dictadas por el Gobierno Nacional, así como por las medidas de las autoridades locales que no han contado con un enfoque diferencial y que ha perjudicado las actividades económicas que desarrollaban para su subsistencia, como por ejemplo la venta de artesanías.

[1] Defensoría del Pueblo. Marzo de 2018. Referencia: Situación Derechos Humanos del Pueblo Yukpa. Los Yukpa son un pueblo indígena ubicado en ambos lados de la frontera, en Colombia el censo de 2005 contabilizó 4.761 personas Yukpas, y en Venezuela el censo de 2011 contabilizó 10.640.

Así mismo, el territorio donde se han asentado es un punto estratégico para las organizaciones criminales que allí delinquen y además resulta ser un paso obligado para el contrabando de mercancía desde y hacia Venezuela. Lo anterior ubica a este pueblo en una zona susceptible de toda clase de situaciones que vulneran sus derechos humanos y además contribuye a que los índices de inseguridad y afectaciones a los derechos a la vida e integridad se vean cada vez más elevados.

Aquella complejidad – en términos de seguridad – tuvo su punto culmen cuando un hecho violento y de ataque armado generó un desplazamiento intraurbano de Yukpas Parirí (una de las 4 facciones de este pueblo indígena) desde los alrededores de El Escobal hacia el Parque Santander (Cúcuta) y los alrededores del terminal de transportes. Ante esta situación, el Gobierno Local, de la mano con el Gobierno Nacional (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales – UNGRD- y Migración Colombia) y Departamental (Secretaria de Fronteras), respondió ofreciéndoles una alternativa de retorno hacía Venezuela. Ese retorno fue apoyado con transporte en buses, una misión médica y apoyo en alimentos (UNGR,2017).

Dado que en este retorno no se tuvieron en cuenta las condiciones iniciales que forzó a los Yukpa a migrar, se vieron obligados a regresar nuevamente a Colombia, esta vez por distintos puntos de la frontera norte santandereana y asentándose en los puntos mencionados anteriormente.

La salida institucional de retorno es bien retratada en la siguiente cita de “De Justicia”:

“De acuerdo con la ONIC y el SJR, que el Estado adelante medidas de ‘retorno digno’, consistentes en transporte hasta un municipio fronterizo y la entrega de dinero y alimento para el viaje de regreso a sus lugares de origen, no garantiza que la lamentable situación que enfrentan las comunidades indígenas se resuelva.  Sus constantes regresos a Cúcuta se deben a la escasez de recursos en su territorio: en esta ciudad colombiana por lo menos hay arroz para comer.” (De Justicia, 2018)

El JRS/COL, en su misión de Acompañar, Servir y Defender a la población más vulnerable, realizó una visita a esta comunidad indígena y pudo evidenciar la persistencia de situaciones que preocupan y que requieren de una apuesta institucional liderada por el Gobierno Nacional, de modo que puedan ver reivindicados sus derechos y cultura ancestral.  A continuación, mencionamos algunas situaciones:

1. SUBSISTENCIA Y MEDIOS DE VIDA.

Al estar ubicados en inmediaciones al Puente Internacional Francisco de Paula Santander, están conviviendo también con las dinámicas socioeconómicas que se producen alrededor de los pasos informales o “trochas” que allí se encuentran. El equipo territorial en Norte de Santander pudo evidenciar la existencia de una “trocha” con constante movimiento de camiones, vehículos, personas y mercancía. Allí fue evidente que en ambos lados de la frontera la Fuerza Pública y la Guardia Venezolana – respectivamente – hacen caso omiso de la situación; complementariamente, se reportan casos en donde personas de civil y sin identificación controlan algunos puntos de entrada en los pasos fronterizos cercanos.

Bajo este escenario, y entendiendo que el Estado colombiano ha señalado que “las familias transitorias de la comunidad Yukpa procedentes de Venezuela, deben ser atendidas en Colombia como población extranjera en territorio colombiano” ( Ministerio del Interior, febrero 2018),  no se está reconociendo este pueblo indígena como tal y, por lo tanto, no es acompañado con un Plan de Salvaguarda ni apoyado con procesos institucionales robustos e integrales que fortalezcan sus costumbres y promuevan medios de vida acordes a sus habilidades. Esto ha favorecido que algunos miembros de la comunidad hayan empezado a involucrase en actividades económicas alrededor del río, ofreciendo un servicio de canoa para pasar al otro lado de la frontera, “trabajo”

principalmente ejercido por mujeres en el lado colombiano. Algunos otros, principalmente jóvenes, participan en el traslado de mercancía en bicicletas o en la espalda.

Desde su llegada al país, este pueblo no ha podido desempeñarse en sus prácticas agrícolas por falta de terrenos e insumos, por lo que se han visto obligados a desempeñar otras actividades.

“Antes de la emergencia sanitaria, producto del COVID 19, la mendicidad era una de las actividades más desarrolladas: por medio de los menores se solicitaba dinero en las calles de Cúcuta. Sin embargo, esta actividad se ha visto disminuida con la pandemia, cobrando protagonismo otras actividades como el trabajo en cultivos de uso ilícito (raspar coca), el contrabando o cobro por el paso del río; estas últimas actividades han hecho que se relacione a los Yukpa con grupos armados como los denominado ‘La Línea’.“ (La opinión, 2019)

Conviene en este punto subrayar que, debido a la carecía del mínimo vital, dentro de los asentamientos se han presentado casos de desnutrición, enfermedades de la piel y otro tipo de patologías que golpean principalmente a los niños, niñas y adolescentes. No obstante, estos casos se han ido superando gracias a la ayuda humanitaria brindada por algunas organizaciones de la sociedad civil en tiempos de pandemia y por el Instituto Departamental de Salud quien facilitó la afiliación por medio de un código a la Nueva EPS.

Al indagar sobre la forma de afiliación, los líderes del asentamiento Yukpa informaron a la delegación allí presente que el servicio de salud se les garantizó mediante un código con el que tienen la posibilidad de acercarse al Hospital Universitario Erasmo Meoz (Cúcuta) y recibir atención médica del régimen subsidiario. Esta medida ha beneficiado a las personas que no cuentan con documentación alguna, sin embargo, al interior del asentamiento existen casos de individuos que cuentan con Permiso Especial de Permanencia (PEP-RAMV) los cuales, por su condición regular, ya tenían la posibilidad de acceso a servicios de salud.

2. NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES (NNAJ) NO ACOMPAÑADOS.

Al asunto de la mendicidad infantil se suman situaciones como la presencia de NNAJ no acompañados (niños huérfanos, en palabras de ellos). Si bien los Yukpa mantienen vínculos familiares estrechos entre todos los miembros de la comunidad, se evidencian vacíos de protección que alimentan los riesgos ya latentes y que afectan de manera exponencial a los menores de esta comunidad.

En el diálogo con los líderes, en el que también hizo presencia la Cacique de los niños, mencionaron que estos menores eran NNAJ cuyas madres habían muerto y sus padres los habían abandonado. Así pues, van de casa en casa, con amigos o familiares, quienes les garantizan la alimentación – cuando se tiene – y algunos cuidados. Las edades de los menores en esta situación están entre los 8 y 14 años.

Así mismo mencionaron que, luego de una experiencia negativa vivida hacia el año 2018, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – sacó del resguardo a 11 menores y los ubicó en el Centro Zonal por estar en condiciones de desnutrición, se logró llegar a un acuerdo en el que los menores no iban a ser llevados a dichos centros como puerta de entrada para el restablecimiento de sus derechos, y que, por el contrario, el acompañamiento y monitoreo sería constante pero en el territorio, pues ese hecho generó malestar en los padres de los menores quienes vieron limitada la posibilidad de hacerles visitas permanentes, aunado a lo que significó para los niños y niñas estar bajo encierro, pues ellos tienen por costumbre estar en espacios amplios y abiertos.

Debido a lo anterior, se identifican los siguientes vacíos de protección:

• Menores no acompañados dejados al cuidado de terceros.
• Explotación infantil de NNAJ, quienes son expuestos a mendigar en las calles.
• Riesgos asociados a desnutrición y enfermedades asociadas a calidad de agua y exposición a condiciones climáticas.
• Alto riesgo de reclutamiento forzado dada la presencia de actores armados en la zona.
• Barreras de acceso a servicios educativos acordes a sus tradiciones y cultura.
• Perdida de su identidad cultural y lenguaje.

3. NO A LOS RETORNOS HACIA VENEZUELA.

Si bien el pueblo indígena Yukpa por su misma cultura no tiene una vocación de permanencia, relatan que los motivos que los impulsa a no regresar a sus territorios ancestrales en Venezuela y buscar en territorio colombiano la continuidad de sus procesos comunitarios son: 1) Daños ambientales en la serranía del Perijá. 2) Imposibilidad de desarrollar actividades agrícolas en Venezuela por falta de materia prima, insumos y apoyo institucional.  3) Crisis venezolana que impide la recolección y venta de alimentos. 4) Presencia de actores armados en sus territorios.

Este último elemento ha constituido un factor fundamental a la hora de decidir arribar a Colombia, ya que la Serranía del Perijá (territorio donde se ubicaban) se ha posicionado como un punto geoestratégico para los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reductos del EPL (conocidos como Pelusos) y disidencias de las FARC (Gao-residual), quienes se disputan el control de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico dada su cercanía con Venezuela.

Bajo este panorama, el pueblo Indígena transfronterizo Yukpa pasa sus días buscando cómo sobrevivir en el día a día, alejados de poder desarrollar sus prácticas tradicionales y preocupados por la pérdida de sus costumbres y hábitos ancestrales, en especial, entre sus más recientes generaciones.

Si bien algunas instancias del  gobierno nacional, en conjunto con autoridades locales y departamentales como Policía Nacional, ICBF e Instituto Departamental de Salud, han implementado medidas enfocadas a mitigar los impactos que la migración forzada ha generado en este pueblo, se hace necesario que las autoridades competentes en su conjunto trasciendan en estas medidas de emergencia y comiencen un proceso integral que resuelva de fondo la crítica situación humanitaria y los vacíos de protección y de acceso a derechos con enfoque diferencial que vive este pueblo indígena.

Es por esto que, actuando bajo los principios humanitarios de humanidad, neutralidad e independencia, el JRS/COL seguirá acompañando dicha comunidad, a través de la puesta en marcha de un proceso que permita el desarrollo de medios de vida que contribuyan de manera positiva con sus culturas y tradiciones. Sin embargo, y entendiendo que nuestro accionar es complementario a la respuesta que brinde el Estado, vemos necesario hacer los siguientes llamados:

1. Al Gobierno Nacional, para que, a la luz de una interpretación extensiva, incluyente y favorable de los distintos instrumentos jurídicos, propenda por reconocer que son un pueblo indígena transfronterizo y, en consecuencia, identifique de manera concertada con ellos una ruta de atención y protección que atienda con perspectiva sostenible y de largo plazo los vacíos de protección y riesgos a los que están expuestos.
2. Animamos al Gobierno Local para que, actuando bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, continúe con el proceso de reubicación que ha venido desarrollando conjuntamente con los Caciques del pueblo Yukpa, de modo que, así como ellos mismos lo expresan, puedan tener garantías de vida digna y medios de vida propios.
3. A la luz de lo señalado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, se active una repuesta inmediata en los ámbitos preventivos y de atención, enfrentando las afectaciones a los derechos individuales y colectivos producto del conflicto armado interno.

Bibliografía

Comunidad indígena Yukpa retorna voluntariamente a territorio Venezolano. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. (2017). Recuperado 28 septiembre 2020, de http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2017/Comunidad-indigena-Yukpa-retorna-voluntariamente-a-territorio-Venezolano.aspx.

El drama de los indígenas yukpa en Cúcuta: un caso que puede llegar a la Corte Constitucional | Dejusticia. Dejusticia. (2018). Recuperado 28 septiembre 2020, de https://www.dejusticia.org/el-drama-de-los-indigenas-yukpa-en-cucuta-un-caso-que-puede-llegar-a-la-corte-constitucional/.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2018). ICBF rescata 11 niños Yukpa en zona fronteriza de Norte de Santander. Recuperado de https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/com_23042018_nsa_icbfrescata11ninosyukpa.pdf

Saénz, J. (2019). Colombia: Indígenas yukpa acorralados por la deforestación y el conflicto armado. Mongabay. Recuperado 27 septiembre 2020, de https://es.mongabay.com/2019/03/indigenas-yukpa-deforestacion-desvio-rios-frontera-colombia-venezuela/.

La Opinión. (2019). Policía evitó tragedia en El Escobal. Recuperado 29 septiembre 2020, de https://www.laopinion.com.co/judicial/policia-evito-tragedia-en-el-escobal-188914.